El candidato presidencial aseguró que va a eliminar el impuesto del 4x1000 porque “empobrece a los colombianos” y no ha mostrado “ningún resultado” desde que fue creado.
El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, posteó en Twitter un conjunto de propuestas para su eventual gobierno y en uno de los fragmentos de su publicación aseguró lo siguiente: “en mi gobierno voy a eliminar el 4x1000, una medida que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años empobreciendo a los colombianos, sin mostrar ningún resultado”.
Luego de consultar fuentes oficiales y expertos en el tema, RedCheq califica esa afirmación como ‘Discutible’, pues aunque ese impuesto sí fue creado de manera temporal y lleva más de 20 años en funcionamiento, no es preciso afirmar que no haya tenido ningún resultado, mientras que las opiniones de los expertos están divididas sobre el impacto que este gravamen tiene sobre la población. Además, Hernández no ha detallado cómo el 4x1000 podría ser reemplazado por otras fuentes reales de ingresos fiscales sin afectar el recaudo y las finanzas del Estado.
En primer lugar, le preguntamos al equipo de comunicaciones de la campaña del candidato cuál es la fuente en la que basa su afirmación, pero a la fecha de publicación de este artículo no obtuvimos respuesta. No obstante, RedCheq pudo constatar que el 2x1000, como antes se conocía al 4x1000, se creó mediante el Artículo 29 del Capítulo V del decreto 2331 del 16 de noviembre de 1998, por lo que, a la fecha, tendría una antigüedad de 23 años y 7 meses. “Más de 20 años”, como plantea Hernández.
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Inicialmente este impuesto —ahora conocido técnicamente como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)— se planteó como medida para mitigar la crisis financiera de ese entonces y se suponía que duraría solo por un año, como quedó consignado en el citado decreto 2331 de 1998. No obstante, el terremoto del Eje Cafetero, ocurrido en 1999, propició su extensión. Con el paso de los años, se convirtió en un gravamen permanente: primero fue 2x1000, luego pasó al 3x1000 y, finalmente, llegó hasta lo que hoy en día conocemos como 4x1000.
Pero, ¿qué significa en términos simples el 4x1000? Que el Gobierno Nacional, por cada 1000 pesos en cualquier movimiento financiero, le cobra al usuario de productos bancarios cuatro pesos. Estos recursos son recaudados por los bancos y luego girados al Gobierno, como se explica en este artículo del Banco BBVA. En síntesis, en este caso los bancos solo se comportan como agentes recaudadores y el dinero pasa directamente al Estado.
¿Para qué se utiliza? En el año 2000, la Ley 633 estableció —en el Artículo 3 del Capítulo I— que los recursos de este impuesto no podían tener una destinación específica y, en ese sentido, su recaudo va directamente al presupuesto nacional. “Los recaudos del Gravamen a los Movimientos Financieros y sus rendimientos serán depositados en una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes”, precisa el documento.
¿Empobrece a los colombianos sin mostrar ningún resultado?
Al respecto, el investigador y profesor de las Universidades Nacional y Cesa, Mario Valencia Barrera, economista y magíster en Gobierno y Políticas Públicas, plantea que el 4x1000 es un impuesto que, en efecto, impacta a las familias más vulnerables “haciendo que sea más costoso el acceso a transacciones bancarias. Por eso, el manejo de efectivo sigue siendo tan alto en Colombia”.
Sobre el impacto del 4x1000 en la población más pobre del país, RedCheq también consultó al profesor e investigador de la Universidad del Cauca, Enrique Peña Forero, economista y magíster en Administración y Planificación del Desarrollo Regional. El experto precisó que “el 4x1000 solo afecta a quien tiene capacidad de ahorro y los segmentos más pobres carecen de ésta, de tal suerte que a ellos no los afecta directamente”. Por otra parte, nos explicó que “como impuesto, su utilidad depende de la forma como lo hayan ejecutado los gobiernos”.
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Entre tanto, el profesor Valencia analizó la utilidad de la implementación de este impuesto en términos del recaudo. “Sí ha servido, pues recauda alrededor de $ 8 billones al año. La discusión no es esta, sino si es un impuesto que vale la pena mantener y la respuesta es que no. Porque es un impuesto por una actividad que es fundamental en la vida económica”, afirmó. Además, Valencia considera que “el Estado debe promover y facilitar el ingreso de la población al crédito, al ahorro, a realizar transacciones de forma más sencilla, pero el 4x1000 representa un obstáculo para poder hacer esto”.
¿Es necesario el desmonte del 4x1000?
Peña Forero plantea que “más que empobrecer a algún segmento de la población, el problema es que es un impuesto antitécnico porque no respeta los principios de neutralidad y claridad”. El profesor e investigador agrega que “el principio de neutralidad dice que un tributo no debe modificar la conducta económica habitual del contribuyente y el 4x1000 ha llevado a muchos pequeños ahorradores a retirarse del sistema financiero. Cálculos iniciales de Asobancaria ubicaron en 6 billones de pesos el monto de esta desbandada”.
Adicionalmente, el experto asegura que “no es fácil explicar por qué alguien debe pagar un impuesto por retirar su dinero de sus cuentas en el sistema financiero. Cuando alguien ahorra en el sistema financiero está contribuyendo de manera indirecta al financiamiento de la inversión y por ello debería recibir estímulos, no desestímulos como el 4x1000”.
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Por su parte, el también investigador Valencia responde: “Sí, debería desmontarse y ha habido varios intentos. El problema es que es un impuesto de muy fácil recaudo y representa un monto importante. Para desmontarlo, primero hay que diseñar un impuesto para reemplazar el monto que recauda, unos $ 8 billones al año. Y ahí es cuando se complica la discusión, porque lo más fácil sería un impuesto al consumo de otros bienes y servicios. Y eso no tiene mucho ambiente político en el país”.
La otra posibilidad, según Valencia, podría ser una reconfiguración de tarifas que permita cobrar menos impuestos a empresas y más a las personas. “Yo me inclino más por este camino, pero no es tan fácil lograrlo, porque primero hay que identificar quiénes son las personas a las que se les cobraría más impuestos”.
RedCheq encontró que, en efecto, en el país hubo varios intentos por desmontarlo: en 2010 se propuso un desmonte gradual que duraría 8 años, pero la crisis del sector agro en 2014 frenó la idea. En 2016 nuevamente intentó desmontarse mientras se discutía la reforma tributaria para los siguientes dos años. Finalmente, en 2021, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, propuso un proyecto de ley para suprimirlo gradualmente y sustituir el recaudo poniendo un impuesto a los altos funcionarios del Estado.
Finalmente, sobre la dificultad que tiene el Estado para recaudar más impuestos, Valencia plantea la reconfiguración de la carga impositiva en el país porque, en su concepto, en Colombia existe una tarifa de impuestos mayor que la del promedio de países de la OCDE y esto disminuye la competitividad. “Si queremos atraer más inversión, es mejor tener una tarifa menor”, concluyó.
