“Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas LGBTIQ+, los indigenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están… Por toda Colombia”. Estas palabras, publicadas vía Twitter por la nueva vicepresidenta electa, Francia Márquez, evidencian que el discurso sobre la diversidad y la inclusión ha cobrado protagonismo en la agenda política de Colombia, especialmente durante la pasada campaña presidencial. Sin embargo, los desafíos en esta materia siguen siendo enormes para la democracia.
Una de las poblaciones históricamente vulneradas ha sido la de orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversa. La Misión de Observación Electoral (MOE), a comienzos del presente año, manifestó a través de un comunicado su rechazo ante este fenómeno y aseguró que “con preocupación se nota que este tipo de discursos de odio han sido replicados sistemáticamente y han aumentado su alcance en los diferentes medios de comunicación, así como en las redes sociales, a partir de la inscripción de las candidaturas a Presidencia de la República”. Además, reiteraron que las expresiones discriminatorias por parte de personajes públicos o agrupaciones políticas y los comentarios ofensivos que se difunden constantemente a través de redes sociales son un mecanismo de estigmatización y violencia simbólica.
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Un concepto clave para comprender el riesgo que representan dichas expresiones negativas es el de ‘violencia en razón de una OSIGEG’. Se ejercen en contra de las personas LGBTIQ+ por tener una orientación sexual, identidad y/o expresión de género no normativa, las cuales, según los prejuicios y convenciones sociales, no se ajustan a los roles de género socialmente consensuados.
A pesar de que en Colombia la homosexualidad se despenalizó desde 1980 y están aprobados el matrimonio, la adopción igualitaria y el cambio del componente sexo género, los esteriotipos y los discursos discriminatorios siguen siendo un flagelo arraigado a la sociedad. Ces Badillo, coordinador de Incidencia y Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, manifiesta que “esta realidad normativa no dialoga con la realidad social, pues existen todavía muchos prejuicios en cuanto a lo que se entiende por diversidad sexual. Nos categorizan como actores o actoras que vamos en contra del status quo, la norma, la moral y todo lo que se considera como ‘bueno’, según los estándares de la sociedad”. De acuerdo con Badillo, estos prejuicios generan que se cometan actos de violencia contra las personas LGBTIQ+ bajo el imaginario de que son individuos que no deberían existir en el orden social establecido.
Justamente, los discursos de odio hacia esta población han alimentado los actos de violencia física incluso al punto de costarle la vida a muchas personas, como ha alertado la organización Colombia Diversa en su informe titulado 'Nada que celebrar'. El documento revela que en 2020 se registraron 738 casos de violencia contra personas LGBT y los asesinatos fueron el doble de lo registrado en 2019. Por su parte, la Defensoría del Pueblo –en un comunicado emitido en junio de 2022– advirtió que “desde 2021, cada semana es asesinada una persona con orientación sexual e identidad de género diversas en Colombia".
Terreno de prejuicios y desinformación
Las cifras expuestas anteriormente confirman el riesgo constante en el que viven las personas que se identifican de manera no hegemónica y cómo los diferentes tipos de agresiones han calado en la sociedad. Los estigmas y prejuicios contra las personas LGBTIQ+ son el primer paso para negar sus derechos. Uno de esos prejuicios es que estas personas atentan contra las buenas costumbres y los pilares de la sociedad, lo que no solo es desinformación basada en prejuicios, sino que abona el terreno para los discursos de odio. Pero, ¿cómo resultan estos discursos y a quiénes beneficia?
Diego Ruiz Thorrens, director de la corporación CONPAZES, explica que esto se intensifica durante las coyunturas políticas, cuando se requiere un objetivo votante que genere poder y control. “Se originan a partir de la creación y distorsión de imaginarios a tal punto de convertirse en un miedo colectivo que apela duramente a la emoción de la sociedad. Así, las personas que reciben estas informaciones no se preguntan si es cierto o no, sino que simplemente dan por hecho que es una verdad absoluta”, puntualizó el experto. Según él, el mecanismo más común para difundir los discursos de odio y la desinformación es “aprovechar que de estos grupos poblacionales aún no se habla abiertamente por las barreras que hay en el país, y así los grupos radicales encuentran facilidad para movilizar a un número importante de personas”.
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Ahora bien, también hay que resaltar que durante la contienda electoral del presente año se pudo observar un cambio en el discurso de las campañas: parecía como si la población diversa ya no significara un gran riesgo para los valores de la sociedad, sino que –al contrario– fueran una gran aliada de los líderes políticos para ganar adeptos. Sin embargo, esto hay que tomarlo con pinzas, pues la instrumentalización de estos sectores vulnerables, en muchos casos les revictimiza e invisibiliza sus luchas. Badillo lo explica al decir que “nuestros cuerpos se han leído como algo accesorio que se nos vende con el arcoiris y que si sales con la bandera gay, trans o no binaria estás siendo incluyente pero esto no se materializa en cambios reales o transformaciones de fondo”.
Un ejemplo de esto lo podemos ver con el caso de Rodolfo Hernández, quien en campaña aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que su alcaldía en Bucaramanga fue la primera en la historia de Colombia en izar la bandera LGBTIQ+. RedCheq y Colombiacheck confirmaron que dicha afirmación era discutible, pues Hernández utilizó imágenes de colectivos independientes, fuera de contexto y de épocas distintas a la del mensaje de su trino. Además, si bien el exalcalde encabezó la que según los registros fue la primera alcaldía que izó en su edificio la bandera LGBTIQ+, su administración no invirtió en dicho acto y no fue la primera en hacerlo en actos oficiales o en edificaciones públicas, pues en 2013 Gustavo Petro la había izado ya en un evento de Gobierno.
Al respecto, Ruiz Thorrens explica que la postura de algunos políticos de “mostrarse como una persona progresista y avanzada, no se traduce necesariamente en lo que piensan o han hecho”, pues detrás de este tipo de mensajes hay más intereses electorales que verdaderos compromisos con la inclusión y la garantía de derechos.
Adicionalmente, Danne Aro Belmont, directora de la fundación GAAT, reclamó a través de un video que "como personas LGBT, les recordamos a los candidatos que no somos una estrategia política para llegar a la presidencia, sino un sector social que por más de 50 años ha exigido incluso a costa de nuestras vidas la garantía de nuestros derechos".
Retos para fortalecer la democracia
En junio de este año, el activista cristiano Jonathan Silva interpuso una recusación contra Mauricio Toro, congresista que lideró el proyecto de ley 461 de 2022 que busca prohibir las llamadas “terapias de reconversión” hacia personas LGBTIQ+. Silva alegó que ese proyecto de ley no debía ser ni siquiera discutido y votado, debido a que Toro es una persona abiertamente gay, lo que representaba –según Silva– un conflicto de interés. Esta acción fue calificada por el congresista como un acto de homofobia, mientras que el Comité de Ética terminó negando la recusación.
Ahora bien, La Silla Vacía encontró que el propio activista cristiano Jonathan Silva había publicado en redes sociales un video en el que argumentaba que el proyecto de ley de Toro buscaba encarcelar a padres de familia, pastores, líderes cristianos o católicos. El medio de comunicación verificó esas afirmaciones y determinó que se trataba de desinformación, pues en el video se hacían planteamientos que realmente no estaban incluidos en el texto del proyecto de ley. No obstante, el video alcanzó a tener más de 35 mil reproducciones y cientos de reacciones.
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Por esa razón, Ces Badillo hizo énfasis en la importancia de poner los temas correspondientes a los derechos de las personas LGBTIQ+ en la agenda del legislativo. “Debe hacer parte de lo público de manera real y no superficial. Se debe entender que existen violencias y entender cómo funcionan y lograr que los prejuicios se deconstruyan y que la situación general mejore”, puntualizó. En ese sentido, no solo basta con que haya curules en el Congreso para personas que hagan parte de una población diversa; también es fundamental exigir que se discuta de manera transversal las problemáticas y demandas de esta población.
“Debe haber una formación y una socialización del enfoque de género en las diferentes ramas del poder, pues hay que trabajar de la mano con la institucionalidad. Mientras la sociedad civil siga haciendo campañas sobre la no discriminación, sin un pilar que las haga robustas, los esfuerzos seguirán siendo endebles”, concluyó Badillo. En definitiva, el gran desafío que tiene que enfrentar la democracia colombiana está atravesado por la necesidad de articular medidas que contrarresten los discursos de odio –difundidos ampliamente a través de redes sociales– pero también en la necesidad de promover iniciativas políticas y legislativas incluyentes que garanticen los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas.
