En su rendición de cuentas, el gobernador de Antioquia celebró los resultados de su administración sobre violencia de género con una cifra que no es posible contrastar.
En una reciente rendición de cuentas, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró en su cuenta de Twitter: “Con la línea de atención 123 Mujer Metropolitana hemos salvado la vida de 500 mujeres”. También dijo que dicha herramienta “ha permitido activar rutas de atención ante los diferentes riesgos” que puedan enfrentar.
Así que en Redcheq decidimos chequear esta afirmación del gobernador antioqueño, pues hace parte de su rendición de cuentas en temas de género, un tema importante para su administración, teniendo en cuenta la reunión de seguridad con el Gobierno Nacional el 6 de junio donde, entre otras cosas, se propuso ampliar los servicios de la línea a toda la región.
Sin embargo, encontramos que la afirmación del mandatario es inchequeable, debido a que no es posible hacer una medición precisa de si esta estrategia ha sido efectiva y tampoco existen datos que permitan hacer contrastaciones.
Para empezar, hay que decir que la línea 123 Mujer Metropolitana existe desde 2020 y es una ruta de atención telefónica ininterrumpida que funciona con base en un formulario de medición de riesgos. Este contempla aspectos como la presencia de un arma de fuego o un arma blanca, la existencia de un consumo problemático de sustancias psicoactivas o que el agresor tenga vínculos con grupos armados legales o ilegales, entre otros. De allí se desprende la asesoría y la atención ante el peligro inminente al que puede estar expuesta la mujer que se comunique.
Dado que el informe de la Rendición de Cuentas 2023 del gobernador no cita fuentes ni justifica el concepto de vidas “salvadas”, contactamos a la Secretaría de las Mujeres de Antioquia para entender con base en qué criterios se hace esa afirmación. La secretaria, Natalia Velásquez Osorio, dice que recibieron asesoría de ONU Mujeres y de Medicina Legal sobre la medición del riesgo y que “lo que hace el formulario es estudiar las circunstancias del hecho que la mujer reporta”.
De acuerdo con su aplicación, un caso puede ser catalogado como crítico y, según estas circunstancias, se activan las rutas de atención. Pero, ¿eso es salvar una vida?
Para responder a esa pregunta, consultamos a Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio Feminicidios Colombia. Para ella, “las líneas de atención son eficaces en su objetivo principal, que es asesorar y activar las rutas inmediatas, pero tenemos una dificultad en medir los alcances de la línea o la eficacia de que las mujeres sí acaten las asesorías que se les dan y continúen con la activación”.
Entonces, la línea atiende, asesora y apoya, como explica Rivera, pero “no puede garantizar, por ejemplo, que una denuncia o una solicitud de medida de protección sea la respuesta que la mujer necesite o esté esperando de acuerdo con su nivel de riesgo”. Agrega que en Colombia existe una dificultad en el seguimiento y monitoreo de estrategias como la línea 123 Mujer porque no se tienen herramientas a través de las cuales se pueda valorar la satisfacción por parte de las mujeres atendidas o sus perspectivas sobre la línea.
Por otra parte, Susana Mejía, coordinadora de proyectos de la Red Nacional de Mujeres, tiene una postura similar: “Uno no podría decir que se salvó la vida hasta que se pueda garantizar que el ciclo de violencias sea finalizado (...) No se puede garantizar que están a salvo hasta que el agresor sea judicializado o la mujer esté en un lugar seguro donde pueda restablecer sus derechos”.
Sergio Urán, director del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, explica que el término “vidas salvadas” es muy utilizado por diferentes gobiernos que defienden desde la estadística la relación de los casos de riesgo crítico con la activación de rutas de atención, pero sería más útil evaluar el impacto de esas estrategias a partir del fortalecimiento de políticas y el equipamiento en materia de justicia y seguridad.
Entonces, una línea telefónica sí puede auxiliar a una mujer en una situación crítica de violencia, pero afirmar que esa acción le ha “salvado” la vida implica una reflexión sobre muchas otras variables.
¿Y las cifras?
Hasta el 31 de marzo de 2023, según la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, se habían atendido 531 casos catalogados como críticos. Esos son a los que el gobernador se refiere como “vidas salvadas”. Aunque sea discutible esa forma de presentar el dato, las cifras de atención pueden considerarse como ciertas por tratarse de los registros elaborados por la misma línea 123 Mujer. Sin embargo, otra información sobre las violencias contra las mujeres en Antioquia expone el tamaño de la problemática.
Por un lado, según el Observatorio Feminicidios Colombia, Antioquia fue en 2022 el segundo departamento con las cifras más altas de feminicidios en el país con 89 casos; solo superado por el Valle del Cauca, que tuvo 95. Además, durante dos de los tres años de gobierno que completó Aníbal Gaviria (2020-2021), ha sido el departamento con el mayor número de casos registrados de ese delito según cifras del mismo observatorio, con 113 y 109 casos respectivamente. Eso significa 222 casos en ese periodo de tiempo; agregando la cifra de 2022, serían 311 en sus tres primeros años de gobierno.
Aunque el observatorio no tiene registro del delito para el primer año de la administración anterior, de Luis Pérez Gutiérrez, las cifras de sus tres últimos años de gobierno son inferiores: 2019 cerró con 110 casos; 2018, con 108 y 2017, con 55; sumando un total de 273 casos que evidencian un aumento del delito en la actual administración.
La medición de los feminicidios resulta compleja porque la Gobernación documenta únicamente los casos tipificados por la Fiscalía, pero estos no concuerdan con las cifras que comparten organizaciones de la sociedad civil, que registran muchos más.
Por ejemplo, según el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia, dependencia de la Gobernación encargada del estudio de las condiciones de vida de las mujeres en el departamento, hasta el 18 de marzo de este año fueron asesinadas 20 mujeres y, de esos casos, solo uno estaba tipificado como feminicidio por la Fiscalía. En contraste, el Observatorio Colombiano de Feminicidios registró en total 19 víctimas en el mismo periodo de tiempo.
Valeria Acosta, profesional del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, reconoce que hay diferencias entre los datos que dan las instituciones oficiales y algunas organizaciones. “Por eso partimos de que la única entidad que puede tipificar los feminicidios es la Fiscalía. Para nosotras, como Estado que somos, desde la Gobernación, es muy complejo que salgamos a dar una cifra distinta”, explica.
Hay que tener en cuenta también que, en términos de ejecución, según el Tercer Boletín de la línea 123 Mujer Metropolitana, en promedio, por cada cinco incidentes que ingresan a la línea solo uno recibe atención efectiva. En lo que va de 2023, por ejemplo, de los 2.076 incidentes que se comprobaron como violencia contra la mujer, la línea atendió únicamente 853 de forma activa. ¿Qué pasó entonces con los 1.223 casos restantes?
Según Pilar Gómez, coordinadora de la línea, ese es un servicio de emergencias y no se pueden quedar con un caso mucho tiempo. Para ella, esa cifra “habla de gestiones que se adelantan para intentar tener contacto con la víctima”, pero muchas veces esto no se logra. Ella explica que, en algunas ocasiones, la persona que reporta es externa, se fue del lugar y ya no tiene conocimiento del caso. En otras, la víctima se niega a acceder a la atención.
Esta situación no es ajena al contexto del país, en el que se ha declarado una Emergencia nacional por violencias de género a través del artículo 342 del Plan Nacional de Desarrollo que contempla, por ejemplo, la priorización de presupuestos, el diseño de protocolos de atención y la capacitación de la rama judicial y otras entidades que tienen a su cargo a las mujeres víctimas de violencias.
Esta medida evidencia el estado de urgencia con el que el tema exige ser atendido y se relaciona directamente con la posición de Estefania Rivera, de Feminicidios Colombia, al decir que “la línea 123 podría ser más efectiva si pudiese tener a los otros organismos internos de la institucionalidad un poco más activos y comprometidos con la garantía de los derechos de las mujeres y la protección de sus vidas”.
Aníbal Gaviria, el pasado 6 de junio, hizo otro tuit diciendo que, durante una reunión de seguridad con el Gobierno Nacional, propuso cuatro acciones para combatir las violencias de género. Entre ellas, estaba la extensión del servicio de la Línea 123 Mujer Metropolitana a toda la región y la creación de una mesa de trabajo de la Gobernación, la Policía y la Fiscalía para hacer efectivas las órdenes de capturas contra feminicidas y abusadores.
Así, tras realizar este análisis y verificar la evidencia, calificamos como inchequeable la declaración del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues según los datos actuales, “salvar 500 vidas” a través de la implementación de una línea de emergencia es un concepto difícil de medir y comprobar, ya que no existe el seguimiento más allá de la atención de emergencia.
