No hay un concepto unificado del término masacre, como tampoco hay unanimidad con respecto al número de casos.
Camilo Romero, exprecandidato presidencial y nuevo embajador en Argentina, aseguró en su cuenta de twitter que durante 2022 han ocurrido 58 masacres: “#EsNecesario un basta ya a la violencia. Duele que cada semana nos levantemos con masacres. Ya van 58 en 2022 . Todo el rechazo a esta barbarie y solidaridad con las familias víctimas en Nariño y Valle. Lograr el fin de la violencia no puede ser un anhelo eterno para Colombia".
Le preguntamos a Romero en qué fuente basa esas cifras, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no había respuesta
Luego de consultar fuentes oficiales, organizaciones sociales y expertos, Redcheq califica la afirmación como discutible, pues aunque la cifra de romero coincide con la de una organización que hace un registro juicioso del este tipo de hechos, no hay consenso entre las diferentes organizaciones y entidades que le hacen seguimiento a este asunto sobre el concepto del mismo y por ende tampoco sobre las cifras.
Lo primero que hay que aclarar es que el término masacre es difícil de definir porque, a diferencia del homicidio, no está tipificado en el código penal. “La masacre es un término socio-político que se ha venido utilizando, pero no es un término jurídico. Se entiende como masacre el homicidio de varias personas en el mismo tiempo, modo, lugar y en modo de indefensión”, dice Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
De acuerdo con el informe “Logros de la Política de Defensa y Seguridad”, del Ministerio de Defensa, el gobierno no utiliza el término “masacre”, en su lugar este habla de “homicidios selectivos”, y los define como: “aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas; no se contabilizan aquellos casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en cumplimiento de su deber constitucional, resultan muertos cuatro (4) o más delincuentes; tampoco se tiene en cuenta las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en estado de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas”.
¿Qué dicen las cifras del Gobierno?
Las cifras más recientes del gobierno, según el informe del Mindefensa ya mencionado, indican que se han registrado nueve homicidios selectivos entre enero y junio de 2022.
Organizaciones como Indepaz consideran que una masacre se cuenta a partir de tres víctimas. Lo mismo considera la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, como se puede ver en el siguiente párrafo que pertenece a un Informe de Comisión de Derechos Humanos #56: Masacre (ejecución de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo).
De acuerdo con González, las condiciones como el tiempo y lugar incluso pueden ser debatibles. Por ejemplo, Temblores ONG considera que los asesinatos, presuntamente cometidos por la policía, contra manifestantes en Bogotá el 9 de septiembre de 2020, en el marco de las protestas por la muerte de Javier Ordoñez, pueden ser ser considerados como masacre, a pesar de que no ocurrieron al tiempo ni en el mismo lugar. “Indepaz usa básicamente la definición de Naciones Unidas que habla, además, del mismo presunto perpetrador”, dice el experto.
De acuerdo con los datos del último informe del Observatorio en DDHH, Conflictividades y Paz de Indepaz, a corte de 1 de agosto sí han ocurrido 58 masacres, como afirma Romero. Además, el informe señala que esas masacres han dejado 208 víctimas.
Gónzalez le explicó a Redcheq que las masacres buscan generar terror ante la comunidad, y, al contrario de la desaparición forzada que trata de no dejar rastros, las masacres dejan todos los rastros posibles y se enfocan en ser cruentas. Las razones de violencia en departamentos como Nariño y Valle del Cauca obedecen a factores como poca presencia institucional y al incumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz que busca encontrar solución al problema de drogas ilícitas implementando estrategias como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”, señala González.
“Aunque no se puede comparar un territorio con otro, lo que está sucediendo en algunas partes del Valle del Cauca y Nariño es una cooptación del territorio por parte de los grupos armados que hacen presencia allí, ese es el principal mensaje. Hay relaciones entre los departamentos como fuerte presencia de cultivos ilícitos y de grupos armados disidentes como la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Gaitanistas, mal contados son aproximadamente nueve grupos los que operan en esos territorios”, agrega Gónzalez.
De acuerdo con las cifras de Indepaz, al primero de agosto del año pasado se habían registrado 62 masacres, cuatro más que este año en ese mismo periodo.
En la presentación del Informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, de la Oficina del Alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, la organización señala una preocupación: “el aumento de aproximadamente 200% del número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, siendo particularmente afectados los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle de Cauca. En lo corrido del 2022, se ha visto un incremento particularmente marcado en el número de casos de masacres registrados en el departamento de Putumayo en comparación con el 2021”.
De acuerdo con cifras de esa Oficina, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se verificaron 33 masacres, 13 más se encuentran en proceso de verificación y 8 fueron considerados como no concluyentes.
El documento 13 Puntos sobre Seguridad Urbana y Territorial, elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Cesed, recoge una serie de recomendaciones para disminuir la violencia en los territorios, como por ejemplo: “Es necesario explorar alternativas de sometimiento a la justicia para grupos armados. Este tipo de experimentos pueden dar información y evidencia sobre posibles mecanismos para reducir la violencia territorial”, mientras otro de sus puntos dice:
“En las zonas rurales, los programas e intervenciones del gobierno deben tener un componente de seguridad para retomar el control territorial. Los equilibrios de seguridad y estabilidad son sensibles a las intervenciones, especialmente aquellas relacionadas con distribución de tierras y economías ilícitas. Por lo tanto, los diseños de estas políticas deben incluir mecanismos de seguridad e inteligencia para garantizar que no se aumente la violencia”.
