El aumento del precio de la gasolina hace que todo sea más caro, no solamente producir cocaína.
El alza de precios de la gasolina que anunció el presidente Gustavo Petro sin duda ha movido la conversación nacional. El senador Gustavo Bolívar, del partido de Gobierno, trinó: “Colombia produce 1.218 toneladas de cocaína al año, se requieren 520 millones de litros de gasolina para esa cantidad. Fuente: UNODC. Esto quiere decir queridos Colombianos que parte del subsidio de Duque a los combustibles, con sus impuestos, se fue a subsidiar a los narcos”.
Luego de consultar fuentes oficiales y de hablar con varios expertos, RedCheq califica esta afirmación como discutible, pues aunque Bolívar habla de cifras muy cercanas a la realidad, y aunque la gasolina sea esencial para la producción de cocaína, también lo es para una amplia gama de productos y servicios. Además, aunque hay relación entre precios, no es tan claro que el aumento en los precios de la gasolina sirva para reducir el narcotráfico.
Encontramos que en cuanto a toneladas de cocaína el senador se equivoca por 10 toneladas, pues el potencial de producción de clorhidrato de cocaína es de 1.228 tm (toneladas métricas), de acuerdo con el documento “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020”, en el que él se basó y que la cantidad de gasolina (u otro tipo de hidrocarburos de origen artesanal) sí son 520 millones de litros.
En la siguiente parte del trino Bolívar dice: “esto quiere decir queridos colombian@s que parte del subsidio de Duque a los combustibles, con sus impuestos, se fue a subsidiar a los narcos”. Le preguntamos al senador si con esto se refería a que aumentar los precios de la gasolina disminuiría la producción de cocaína y nos respondió que “mantenerlos subsidiados (los combustibles) es incentivo al narcotráfico, pagan menos por la gasolina que utilizan”.
Para conocer la relación entre gasolina y cocaína contactamos a Hernando Zuleta, profesor de economía de la Universidad de los Andes y profesor asociado del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de esa misma universidad. “La gasolina sí es un insumo fundamental en la producción de cocaína, pero también es un insumo fundamental en el transporte en Colombia. Eso no implica que ese subsidio estuviera focalizado en cocaína, de hecho, el subsidio a la gasolina le llegó a mucha más gente que a los cocaleros. Decir que ese es un subsidio a los cocaleros es como decir que el programa Familias en Acción favorece a familias cocaleras porque entre ellos hay muchos que pertenecen al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) en rangos uno y dos”, dijo el experto.
Para Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, “hay que tener en cuenta que mucha de la gasolina que se usa para la producción de cocaína es de origen ilegal, por lo que no se le aplica el subsidio a los combustibles. Además, la cocaína es un negocio tan rentable que aunque se encarezcan los productos químicos necesarios, esta seguirá siendo comercializada. Por otro lado, no considero que una argumentación sobre un problema fiscal deba estar enfocada en disminuir la cantidad de cocaína”.
¿Qué está pasando con la gasolina?
En 2007, mediante el artículo 69 de la Ley 1151, se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que comenzó a operar en 2009. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, como los precios de la gasolina y el diésel suelen ser muy volátiles, ya que dependen de los precios internacionales del petróleo, la idea del Fondo es subsidiar estos combustibles para evitar que el consumidor final termine pagando alzas vertiginosas. De esta manera el Gobierno fija los precios de la gasolina por debajo del precio internacional. Esto quiere decir que esta medida no es de Duque, como lo asegura Bolívar en su trino, pues se implementó mucho antes de que él fuera presidente.
El documento también explica que históricamente los saldos que deja el FEPC se han pagado con deuda pública. Sin embargo, con los años se han venido usando recursos presupuestales y se ha vuelto un gasto que está dentro del déficit fiscal del país. El FEPC se creó pensando que sería fiscalmente neutro en el mediano plazo, es decir, que los años que generen déficit se compensarán con aquellos que generen superávits (ingresos). Pero debido a los altos precios del petróleo, el costo del dólar y diversas coyunturas internacionales, no se han producido estos superávits. A lo anterior hay que sumar que en los últimos años el precio internacional del petróleo está muy por encima del precio que se fija internamente, por lo que hay serios problemas fiscales.
De acuerdo con el Pronunciamiento sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que hizo el Comite Autonomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit del FEPC podría alcanzar los 33.7 billones al cierre de 2022. Esto hace que el fondo sea insostenible y que sea muy probable que el gobierno tenga que subir el precio de la gasolina.
Según Amylkar Acosta, exministro de minas y energía, aunque en promedio el déficit del fondo sí está siendo cerca de 10 billones de pesos por trimestre, esto ocurre porque el FEPC no es autosostenible y porque el precio del dólar y del barril están elevados.
Acosta además se refirió al FEPC como un ‘barril sin fondo’. “El déficit que debe ser cubierto son tres puntos más del PIB que se viene a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 5.6% se eleva al 8.6% del PIB. Una barbaridad. El FEPC y su déficit son una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento”, indicó.
En el video de Instagram Bolívar habla de la inminente alza gradual de precios de la gasolina que tiene planeada el gobierno, pero también asegura que los precios del diésel se mantendrán, porque es el combustible que se usa para vehículos de transporte de carga y que congelarlos protegerá los precios de los alimentos. Acosta explicó que esto podría prevenir mayores efectos en la inflación, que ya supera el 10%.
El exministro de minas considera que los ajustes deben hacerse de manera gradual y progresiva para evitar un estallido social como ocurrió recientemente en Ecuador, el cual obligó al gobierno de Guillermo Lasso a derogar las alzas de precios.
El CARF recomienda buscar soluciones estructurales para lograr una política de combustibles sostenible de acuerdo con el contexto global que busca reducir emisiones e incentivar economías sostenibles. En cuanto al ACPM (diesel), debido a su influencia en el transporte de las cadenas productivas, se recomienda definir si su financiación aplica en momentos de alta volatilidad, considerar financiación al transporte público y pensar qué fórmulas de precios pueden ayudar más.
Además, el CARF recomienda considerar experiencias internacionales si se decide continuar con mecanismos de estabilización de precios, como se viene haciendo, para que estos sean aplicados de manera consciente y simétrica en los períodos de reducción o aumento de los precios internacionales. Ellos señalan que es importante complementar esta estabilización con políticas de protección social para hogares más vulnerables como transferencias directas a los usuarios. “Finalmente, es importante que la sociedad entienda los costos que implica mantener este tipo de políticas y los sacrificios que ello implica, en términos de menor disponibilidad de recursos para programas que puedan tener mayor impacto social y distributivo. El CARF confía que estas recomendaciones sean tenidas en cuenta y que contribuyan a mejorar el debate sobre la política pública”, concluye el documento.
