En Redcheq analizamos esta propuesta del candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Beltrán, de un control migratorio en las entradas para frenar la delincuencia.
Jaime Andrés Beltrán, un exconcejal de Bucaramanga, se encuentra, por segunda vez, en la carrera a la Alcaldía de esta ciudad y se ha ganado el apodo del ‘Bukele’ criollo, en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su discurso de derecha en el que promete mano dura contra los delincuentes.
En entrevista a varios medios de comunicación, Beltrán ha propuesto monitorear las entradas a la ciudad para aquellos migrantes que llegan a cometer delitos. A la pregunta de cuál será su primera medida de ser elegido alcalde, el candidato asegura que será controlar los ingresos a la ciudad.
“Vamos a controlar las entradas. Los bumangueses van a entender que a partir del 1 de enero Bucaramanga tendrá control migratorio en las entradas. (...) Estamos mamados de no controlar el tema migratorio. Porque no todos los que entran son malos pero muchos de los malos están entrando sin control”.
En sus redes sociales el candidato también ha abordado el tema explicando que “controlar quién entra y quién sale de nuestro territorio no es xenofobia, es organización y prevención del delito. Queremos una migración controlada sin permisividad. Bucaramanga lo necesita”.
En un video también explica que uno de los ejes de su propuesta de seguridad se llama Bucaramanga blindada y usa como logo un candado.
“Vamos a controlar las entradas de la ciudad, con control datos de quien entra y quién sale, así como el fortalecimiento de migración Colombia en Bucaramanga para que la ciudad no siga aislada en tema migratorio”, afirma.
El uso de la migración venezolana en un contexto electoral ha sido identificado desde elecciones pasadas. El Barómetro de Xenofobia publicó en febrero pasado un análisis sobre el discurso de migración en el contexto electoral de Colombia y se evidenció “el uso político que se da a la situación de las personas migrantes en territorio colombiano”. En el estudio se realizó un barrido de información utilizando metodologías de web scraping y social listening, entre el 1 de enero y el 1 de mayo del 2022, sobre un total de 11.987 mensajes dirigidos por y hacia los candidatos en contienda.“Entre los principales resultados de este estudio encontramos que las personas se dirigieron en redes sociales a sus candidatos buscando una solución al tema de la seguridad en Colombia, generando comentarios de rechazo y estigmatización hacia las personas migrantes como causantes del aumento de delitos. Así mismo, un grupo de personas propuso la propuso la expulsión de migrantes de Venezuela como parte de la solución a la
inseguridad ciudadana.expulsión de migrantes de Venezuela como parte de la solución a la inseguridad ciudadana”.
Tras la importancia de este tema en el contexto electoral y sus repercusiones en la población migrante venezolana, en Redcheq publicamos este explicador para analizar qué tan viable es la propuesta del candidato Beltrán y respondimos las siguientes preguntas.
- ¿Un alcalde en Colombia tiene facultades para realizar un control migratorio?
- ¿Qué tan posible es realizar un control migratorio a extranjeros en las ciudades?
- ¿La inseguridad es exclusiva de los migrantes venezolanos?
- ¿Este tipo de propuestas y comentarios generan xenofobia?
¿Un alcalde en Colombia tiene facultades para realizar un control migratorio?
Al respecto, María Clara Robayo, investigadora experta en migración del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, nos explicó que esta promesa tiene más de un pero.
Lo primero es que es el Estado Colombiano quien tiene la labor de migración, no los gobiernos locales. Para este propósito el gobierno nacional cuenta con Migración Colombia.
“Por tanto, si los gobiernos locales decidieran implantar una política de control migratorio, tendrían que hacerlo con Migración Colombia y la entidad tiene agenda propia, acorde con la realidad migratoria de cada región”, dice la experta.
Lo mismo indica Melissa Franco, abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Minero Energético, ex secretaria del Interior de Bucaramanga y actualmente es gerente de una empresa consultora en seguridad, convivencia ciudadana y prevención del delito.
Franco explica que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 2136 de 2021, Migración Colombia es la entidad encargada de ejercer el control migratorio, verificando el cumplimiento de requisitos para el ingreso, salida y permanencia de ciudadanos extranjeros y nacionales.
“Esta entidad es la encargada de actuar como policía judicial, consultando antecedentes judiciales, realizando búsquedas en bases de datos, y llevando a cabo actos urgentes para cumplir con su función de vigilancia y control migratorio; finalmente Migración Colombia también debe realizar labores investigativas para verificar hechos y circunstancias relevantes que puedan indicar irregularidades en la estadía de extranjeros en el país”, agrega.
Así las cosas, Migración Colombia es quien tiene la potestad de realizar operativos de control migratorio local y lo que puede hacer un alcalde es buscar recursos para ampliar el rango de acción de la entidad en su región.
¿Qué tan posible es realizar un control migratorio a extranjeros en las ciudades?
“Migración tiene un déficit de capital humano muy fuerte. Se quedan cortos y a veces en la región la operatividad es nula. Entonces esta propuesta obedece a un afán populista de instrumentalización del tema migratorio en campaña”, indica Robayo.
Actualmente, Santander cuenta con seis funcionarios operativos, que atienden PQRS de la ciudadanía, operativos programados en articulación con el GEM ( Grupo Especial Migratorio) en donde convergen entidades como las administraciones municipales, el ICBF, La Personería, la Policía Nacional.
El reto, según Franco, es que esos trabajadores “deben ejercer su función en los 87 municipios del departamento, donde por supuesto el área metropolitana y Bucaramanga como capital tiene preferencia en las actuaciones. La capacidad actual no sería la suficiente ni en personal, ni en capacidades operativas para garantizar puestos de control de la mano de fuerza pública de forma permanente”.
Tampoco puede haber reglamentación nueva, pensada para fronteras entre departamentos o municipios, explica la experta en migración, porque implicaría crear nuevas entidades y definir las acciones de las existentes como Migración Colombia o la Cancillería.
“El Gobierno Nacional tiene una normatividad que indica quién puede ingresar, con qué documentos y con qué propósito. Dentro de esa normativa no se revisan prontuarios”, indicó Robayo.
Otro punto a revisar es la sostenibilidad económica de la propuesta. Teniendo en cuenta que una ciudad como Bucaramanga cuenta con más de tres puntos de ingreso por tierra y uno por aire, se necesitan al menos cuatro de estos puntos que propone el candidato.
Bucaramanga tiene cuatro entradas terrestres, la primera hacia al Norte que conduce a la Costa Atlántica y a municipios como Matanza. La segunda al oriente, que lleva a Pamplona y Cúcuta. La tercera desde Floridablanca, que es la vía nacional a Bogotá y la cuarta por Girón y Lebrija hacia Barrancabermeja y Medellín.
Luego está el acceso por aire, que sería el único punto de este tipo en la ciudad, ubicado en el Aeropuerto Palonegro.
Eso sin nombrar las trochas o vías terciarias entre municipios que aumentan los puntos en por lo menos ocho.
Para las expertas la medida planteada resulta insostenible, pues además de la alta inversión que supone, también se debe hablar de su necesidad, porque se asocia el fenómeno migratorio con la crisis de inseguridad que vive la ciudad.
¿La inseguridad es exclusiva de los migrantes venezolanos?
“Decir que la inseguridad en las ciudades de Colombia está exclusivamente asociada al fenómeno migratorio implica desconocer otras variables causantes e intervinientes de la criminalidad, y por tanto, las políticas, estrategias y planes, podrían correr el riesgo de no estar orientadas a enfrentar el problema público de la inseguridad”, dijo Franco.
De acuerdo con datos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al 23 de agosto de 2023, de los 7.049 capturados por diferentes delitos en el área metropolitana, 1.017 son migrantes, lo que equivale al 14 %.
Dentro de los migrantes capturados, 378 fueron capturados por el delito de receptación, equivalente al 37.2%; 344 capturados por el delito de tráfico de estupefacientes, que representa el 33.8 %, y 65 deben responder por el delito de hurto, representando el 6.4 %.
De la misma forma, al revisar las cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, encontramos que, a septiembre de 2023, en todo el departamento de Santander hay una población carcelaria intramural de 5.895 personas, de estos 2.244 están en las cárceles de Bucaramanga.
En cuanto a la población venezolana en las cárceles de Santander son 260 extranjeros, de los cuales 258 son venezolanos, es decir el 4,41% de la población. Y en Bucaramanga son 129, el 5,7% de la población carcelaria.
Estas cifras, según Franco, indican que “la participación de migrantes en delitos no representa significativamente el incremento de la inseguridad en el área metropolitana, o no evidencia una incidencia delictiva superior a la de los nacionales”.
Para la analista en seguridad, asumir que la crisis de inseguridad que viven las ciudades en Colombia “está exclusivamente asociada al fenómeno migratorio, implica desconocer otras variables causantes e intervinientes de la criminalidad, y por tanto, las políticas, estrategias y planes, podrían correr el riesgo de no estar orientadas a enfrentar el problema público de la inseguridad”.
Así las cosas, Franco afirma que las variables que deberían estar en la agenda pública tienen que ver con el insuficiente número de efectivos policiales, los escasos recursos para financiar los planes de seguridad y convivencia, las limitaciones en la articulación de la política de seguridad, con otras políticas transversales, y “las estructuras sociales como la pobreza, el desempleo, las desigualdades y las falta de oportunidades en los jóvenes, sin importar si son nacionales o extranjeros en nuestros territorios”.
Como ya ha publicado Colombiacheck (1) (2) no se puede señalar directamente a la migración venezolana como la responsable del aumento de la criminalidad en Colombia, pero aún así se difunden cadenas que indican lo contrario.
Desde Migración Colombia también han venido reiterando que el índice de venezolanos involucrados en los hurtos que se cometen en Colombia es menor al 4% (1, 2).
¿Este tipo de propuestas y comentarios generan xenofobia?
Estas narrativas, en las que se culpa sin datos que respalden, a los venezolanos de los delitos cometidos en ciudades colombianas lastimosamente no es nuevo.
Instrumentalizar a la población migrante como una amenaza para la seguridad se hace más constante en época de elecciones. “Este no es el primer proceso electoral en el cual la población migrante está siendo utilizada como mecanismo para ganar votos. Los ataques y las narrativas que tienen ciertos candidatos, incluso desde antes de campaña, contribuyen a la xenofobia pero también generan temor dentro de la población migrante, de reconocer su nacionalidad, de hablar en su acento autóctono, lo que claramente indica que es discriminación por xenofobia, porque no estamos atacando particularmente al al fenómeno, sino a un grupo de personas”, explica Mairene Tobón, doctora en Ciencias con mención Gerencia, investigadora y consultora en temas de migración.
La experta recuerda el caso de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, cuando dijo que “el 20 % de los hurtos que se están cometiendo, de las capturas que hemos hecho por hurto promedio en la ciudad, son inmigrantes”, pero cuya cifra fue desmentida por el entonces director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien dijo que “la criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana. Los problemas de criminalidad que lamentablemente tenemos vienen de muchísimo tiempo atrás”.
El tema de la seguridad en la campaña electoral regional lleva a que los candidatos se concentren aún más en responsabilizar a los migrantes de los delitos. Esto quedó evidenciado en un análisis que realizó La Silla Vacía en el que habla de casos muy similares de instrumentalización de los migrantes en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.
Según el Barómetro de la Xenofobia, la plataforma que analiza conversaciones en redes sociales y medios de comunicación sobre los migrantes en Colombia, en una alerta publicada en julio de 2023, en Bucaramanga “los picos de xenofobia en línea están siendo cada vez más recurrentes. Este año han ocurrido en enero, abril y julio motivados por noticias de delitos que involucran a algún migrante. De hecho, en abril publicamos
nuestra primera alerta sobre esta situación porque un candidato a la Alcaldía estaba intentando posicionarse con una agenda cuyo principal discurso era oponerse a la migración”.
En la alerta, los investigadores indican que aunque los datos indiquen que algunos migrantes participan en hechos delictivos, “pareciera que en la opinión pública las narrativas que refuerzan historias de exclusión se están haciendo más fuertes”.
Para el Barómetro, la instalación de estas narrativas se traduce en la normalización de comportamientos excluyentes que van desde el maltrato hasta en la negación de servicios sociales que resuelven necesidades básicas de la población migrante.
La relación entre los discursos sobre población migrante y delitos y los picos de xenofobia, que halló el Barómetro, quedan reflejados en las siguientes gráficas. En la primera se ven las fechas en las que más se habla del tema de migración en Bucaramanga y en la segunda las conversaciones asociadas con contenidos xenófobos en la misma ciudad.
Incluso, encontraron cómo desde la misma administración local de Bucaramanga se contribuye a este aumento en los picos de xenofobia con sus discursos. Hay un hilo en X dedicado específicamente a probar como la Alcaldía de Bucaramanga tiene una responsabilidad política en la reproducción de estas narrativas e invitamos a la ciudadanía a ser críticos y problematizar este tipo de opiniones.
