Luego del atentado del ELN a una base del Ejército en el Catatumbo en la que fueron asesinados 10 militares, el gobernador de Santander comparó el salario que reciben los soldados con un supuesto pago que recibirían los integrantes de la primera línea por dejar de delinquir.
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, hizo una afirmación cuestionable en la que comparó el sueldo de los soldados que prestan servicio obligatorio en el Ejército de Colombia con un pago que el gobierno nacional supuestamente hará a los integrantes de la primera línea.
Aguilar se refirió al tema luego de conocerse el ataque del ELN a una base del Ejército ocurrido el 29 de marzo en la región del Catatumbo y que dejó 10 militares asesinados, entre ellos un joven oriundo de Santander. Esta fue su declaración:
“Los procesos de incorporación se han debilitado y qué estímulos se le está dando a un joven, así como a este joven santandereano de 19 años que perdió su vida, qué estímulo, qué motivación va a tener hacer parte de estas filas, o de nuestra fuerza pública si hoy hay una propuesta del gobierno nacional de pagarle cerca de un millón de pesos a un integrante de la primera línea para que deje de delinquir, mientras que un soldado que está arriesgando su vida por tan solo 350 mil pesos, pues es la ironía más grande” (sic).
El video en el que hace esta afirmación fue producido por el equipo de comunicaciones de la Gobernación de Santander, pues en él se ven sus logos y el escudo del departamento, y se publicó el 30 de marzo, un día después del atentado del ELN, en los perfiles de Twitter y Facebook del gobernador Aguilar.
En ambas redes el gobernador suma cerca de 160 mil seguidores y este video en particular obtuvo casi 14 mil vistas; por separado recibió 623 reacciones en Facebook, 105 retweets y 182 me gusta en Twitter. Igualmente, su declaración fue reproducida por diferentes medios de comunicación (1, 2, 3, 4, 5).
La bonificación de los soldados
En primer lugar, quisimos confirmar directamente con el gobernador Mauricio Aguilar de dónde provenía la cifra de 350 mil pesos que según él reciben los soldados del ejército nacional. Para ello contactamos a la directora de comunicaciones de la gobernación de Santander quien solo nos aclaró que la información que entregó el mandatario “salió a partir de los temas abordados en el consejo de seguridad del Magdalena Medio realizado recientemente”. Hicimos una revisión y encontramos que efectivamente el 22 de marzo (es decir, siete días antes del ataque del ELN), se realizó un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al cual asistieron los gobernadores de Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia.
Insistimos a la directora de comunicaciones sobre la procedencia de la cifra que presentó el gobernador, pero nos respondió que el consejo de seguridad fue de carácter privado.
Ante esta negativa revisamos varias páginas del Ejército nacional y conversamos con un experto en conflicto armado.
De acuerdo con Isaac Morales, coordinador del área de convivencia y seguridad ciudadana de la fundación Pares Colombia es importante recordar que existen diferentes rangos en el escalafón del Ejército y que el salario y las prestaciones lo determinan el lugar que ocupe un militar en ese listado.
Teniendo eso en cuenta y según la información del Ejército Nacional, en el atentado ocurrido el 29 de marzo en el Catatumbo murieron 10 militares, 8 de los cuales eran soldados (en principio murieron 7 soldados el día del ataque y uno más falleció dos semanas después), es decir, eran jóvenes que estaban prestando el servicio militar y 2 eran cabos, que significa que tenían un rango mayor. El joven santandereano que murió en el ataque y al cual hizo referencia el gobernador Aguilar estaba prestando el servicio militar.
Con esto claro, posteriormente revisamos la página del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional y encontramos esta información de febrero de 2023 en la que invitaban a incorporarse al Ejército y mencionaban los beneficios que recibirían por prestar el servicio militar, entre los cuales mencionan una bonificación mensual.
Nos contactamos después con la oficina de comunicaciones del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército y nos aclararon que la información de estas imágenes es verídica y que los beneficios que reciben los reclutas están estipulados en la ley 1861 de 2017 que reglamenta el servicio de reclutamiento y el control de reservas. En el artículo 44 se afirma que quienes presten el servicio militar tienen derecho “Desde el día de su incorporación, hasta la fecha de su licenciamiento o desacuartelamiento a ser atendido por cuenta del Estado en todas sus necesidades básicas atinentes a salud, alojamiento, alimentación; vestuario, bienestar y disfrutará de una bonificación mensual hasta por el 30% del salario mínimo mensual vigente.”Teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual del 2023 equivale a $1.160.000 pesos sin auxilio de transporte, hicimos el cálculo para hallar cuál es el 30% y la cifra fue 348.000. Esta misma cifra la encontramos en una noticia del Comando General de las Fuerzas Militares publicada en enero de 2023, sobre la apertura de la convocatoria para que 15 mil jóvenes se enlistaran en el Ejército.
Esto quiere decir que los jóvenes que fueron asesinados por el ELN en el Catatumbo recibían ese monto por su servicio o incluso menos si tenemos en cuenta que algunos de ellos pudieron haber ingresado al ejército el año 2022, cuando el salario mínimo era menor. Por todo lo anterior, concluimos que la afirmación que hizo el gobernador de Santander Mauricio Aguilar es verdadera pues, si bien él habló de 350 mil pesos, esta cifra es muy cercana a la bonificación real que otorga el Ejército a estos jóvenes.
Voceros de paz y gestores de convivencia
Sin embargo, la comparación que hace Aguilar con el supuesto pago que recibirán los integrantes de la primera línea por dejar de delinquir es cuestionable porque el gobierno nunca propuso esta iniciativa. Todo se debe a una confusión que se produjo en diciembre de 2022 cuando algunos voceros del gobierno, incluido el presidente Petro mencionaron la creación de las figuras de voceros de paz y gestores de convivencia, que fueron usadas indistintamente pero que tienen características diferentes.
En primer lugar, a comienzos de ese mes se supo que el gobierno tenía listo el decreto 2422 de 2022 en el que se proponía, entre otras cosas, liberar a algunos integrantes de la primera línea acusados de cometer desmanes durante el paro nacional de 2021 para que fueran voceros de paz.
De acuerdo con el artículo 3 de este decreto, la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, un órgano que surgiría de esta propuesta, tendría entre sus funciones “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”. En este grupo entrarían los integrantes de la primera línea que estuvieran en la cárcel. En el decreto no se menciona ningún tipo de pago o contraprestación monetaria para los que fueran escogidos como voceros de paz.Un par de días después, el presidente Petro lanzó la propuesta de tener gestores de convivencia durante el balance del programa de empleabilidad para jóvenes “Empleo hay”. Petro explicó desde el minuto 15:33 de la transmisión que esta medida la implementó en el pasado cuando fue alcalde de Bogotá y que en Cali también se ejecutó durante la administración de Maurice Armitage. Se trata de que jóvenes de zonas vulnerables o de alta violencia sean promotores de convivencia y resolución pacífica de conflictos dentro de su propia comunidad y que a cambio de su servicio puedan recibir un salario de un millón de pesos.
“Si logramos un programa amplio que pudiera cobijar cien mil jóvenes, es nuestro objetivo en esas zonas, ligado a la educación primero que todo, que se basa en el mismo principio que el que ustedes han mostrado aquí y es que un joven, una joven debe recibir un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, es decir, que en estas zonas permita competir al salario que entrega la organización multicrimen y que, a cambio como contraprestación pueda haber estudio, el Sena, la universidad pública se nos vuelven profundamente importantes. Y su sustentabilidad depende de que una vez elevados los niveles de estudio pueda haber trabajo, entonces el crédito, por ejemplo, puede ser un instrumento, la construcción de empresas en manos de la misma juventud si hay ausencia de empleo en esos territorios. La búsqueda de un mejoramiento del territorio que hoy es espacio de la violencia podría conjugar unos factores por medio del cual le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz porque, si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede…”, dijo el Presidente durante el evento.
Esto quiere decir que una cosa son los voceros de paz (que son civiles pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que están detenidos y que saldrían de la cárcel para participar en conversaciones entre el gobierno y grupos armados, según el decreto 2422 de 2022) y otra los gestores de convivencia (personas de zonas vulnerables, especialmente jóvenes, que prestan un servicio a su comunidad y que reciben un salario a cambio, como lo dijo el presidente Petro durante el balance del proyecto de empleabilidad en diciembre de 2022). Los integrantes de la primera línea que sean liberados para participar como voceros de paz no recibirán ningún tipo de pago. Los gestores de convivencia, en cambio, son personas que no han cometido delitos, por ende, no están en prisión y sí recibirían un salario por su servicio a la comunidad.
La confusión entre una categoría y otra ha sido tan grande que varios medios de comunicación han salido a desmentir que el gobierno le fuera pagar un suelo a los de la primera línea (1, 2, 3) y el ministro del interior Alfonso Prada también hizo lo propio (1, 2).
Finalmente, en Colombiacheck concluimos que la afirmación del gobernador de Santander Mauricio Aguilar es cuestionable, pues si bien es cierto que los soldados que prestan el servicio militar reciben una bonificación muy cercana a los 350 mil pesos que él mencionó, la comparación con los integrantes de la primera línea no tiene razón de ser pues a estas personas no se les va a pagar por su trabajo como voceros de paz.
