Aspirantes a las elecciones de 2023 izan la bandera anti-migración para pescar votos, culpando sin evidencia a la población venezolana en Colombia por los índices delictivos.
Desde megacárceles para los “delincuentes venezolanos”, prisiones binacionales o la instauración de controles para el ingreso de las personas provenientes de Venezuela a ciertos municipios, hasta la expulsión inmediata de “extranjeros” del territorio colombiano han sido algunas de las propuestas que se han escuchado de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre en la cual se elegirán 20.509 cargos públicos.
La inseguridad aparece en las encuestas como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía (1, 2, 3). Como respuesta, en sus discursos, varias candidaturas a alcaldías y gobernaciones han vinculado a la población migrante venezolana con ese problema en los municipios, distritos o departamentos que aspiran a gobernar.
El impulso a esta narrativa ha generado picos de xenofobia y estigmatización en redes sociales que podría afectar a una población que según Migración Colombia llega a 2,89 millones de venezolanos en el país. “La tendencia es que los candidatos responsabilicen a la población migrante venezolana de las crisis de seguridad en sus regiones, presentando como ‘solución’ su restricción, judicialización y expulsión del territorio. Esto (…) es tanto engañoso como peligroso”, alerta el Barómetro en su informe “Publicaciones xenófobas por parte de candidatos a las elecciones locales y departamentales de 2023”.
Por ejemplo, en Colombiacheck y RedCheq ya analizamos la propuesta del candidato de Colombia Justa Libres a la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Beltrán, de instaurar un control migratorio en la ciudad para así vigilar a los extranjeros que ingresan porque “no todos los que entran son malos, pero muchos de los malos están entrando sin control”. Sin embargo, en nuestro explicador encontramos que esta propuesta era engañosa porque los alcaldes no tienen tal facultad, que en realidad es de la Nación a través de Migración Colombia.
Decidimos, por lo tanto, mirar con lupa otras afirmaciones que han circulado de los candidatos en diferentes regiones del país que estigmatizan a la población migrante y avivan comentarios xenofóbicos en su contra. Esta revisión se hizo con apoyo del Barómetro y su última evaluación.
En este explicador veremos que la tendencia no es exclusiva de una ciudad o un departamento; además, datos que contradicen a los aspirantes que acusan a la migración por la delincuencia en esos lugares y las advertencias de algunas voces expertas sobre este tipo de narrativas en tiempos electorales.
¿Quiénes son los candidatos y qué dicen?
Aunque los mensajes xenofóbicos ya se han activado en anteriores campañas, el análisis de los mensajes detectados en los discursos de los actuales aspirantes a alcaldías y gobernaciones de distintas regiones permite advertir un marcado enfoque de “securitización” de la migración, en el que la diáspora venezolana es presentada como una amenaza y los candidatos alientan su criminalización. Se le culpa directamente del incremento de los índices delictivos en municipios y departamentos donde se ha asentado esta población.
En muchos casos, a la discriminación por el origen de los migrantes y refugiados venezolanos se le suman mensajes cargados también de aporofobia, el desprecio por la condición socioeconómica de pobreza.
Pero, ¿quiénes son los candidatos que han emitido los mensajes de este tipo con mayor figuración en esta campaña? A continuación, recopilamos sus intervenciones más nocivas:
Perfil: Pastor evangélico y comunicador social, fue concejal en 2 períodos y suma su segundo intento por conquistar la alcaldía de la capital de Santander. Se declara seguidor del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y dice que se convertirá en el primer policía de la ciudad.
Mensajes sobre la migración venezolana: Con un discurso de “mano dura”, Beltran promete militarizar asentamientos y un ‘Plan Candado’ para Bucaramanga (control migratorio en las entradas de la ciudad para frenar la delincuencia) y centros de detención. Su marcada insistencia en endosarle casi exclusivamente a la población migrante el aumento de la criminalidad en la ciudad lo ha llevado incluso a hacer perfilamientos entre locales y extranjeros:
“El que viene a delinquir del país vecino tiene una forma de delinquir mucho más agresiva, el ladrón local antes le pedía a uno el favor: ‘hermano deme el celular’ y uno le decía ‘bueno déjeme primero la cédula’ y le dejaban la cédula. Lamentablemente estos migrantes que han venido a delinquir, es tan fuerte que primero matan, primero agreden, primero agreden…”.
Transmisión en Facebook Live,Vanguardia , 25 de abril 2023:
“#Bucaramanga NO puede seguir siendo el paraíso de delincuentes venezolanos que junto a la criminalidad local tienen sitiada a la ciudad. Dejemos de tener como excusa a la xenofobia, como bumangueses tenemos derecho a exigir seguridad.” vía @soyjaimeandres.
Sobre la idea de Beltrán de crear centros de control migratorio, en nuestro explicador “¿Puede un alcalde en Colombia controlar las entradas de migrantes a su ciudad?” habíamos detallado que un alcalde no tiene estas competencias, ya que solo le pertenecen a Migración Colombia, la institución autorizada para ejercer el control migratorio y la verificación del cumplimiento de requisitos para el ingreso, salida y permanencia de ciudadanos extranjeros y nacionales en el país, según el artículo 11 de la Ley 2136 de 2021.
María Clara Robayo, investigadora del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, nos aclaró que tampoco puede haber reglamentación nueva pensada para fronteras entre departamentos o municipios porque implicaría crear nuevas entidades y definir las acciones de las existentes como Migración Colombia o la Cancillería.
Perfil: Ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública. Además de haber sido ministro de la Defensa en el gobierno de Iván Duque, este administrador de empresas fue director de en la otrora agencia de Acción Social (hoy,Departamento de Prosperidad Social)la antigua Agencia Presidencial de bajo el mandato de Álvaro Uribe, así como del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con Juan Manuel Santos, además de concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Este es su segundo intento por llegar a la alcaldía de la capital.
Mensajes sobre la migración venezolana: Arrancó su campaña con una narrativa invariable: la mano dura contra la delincuencia y vincular a la migración venezolana con la criminalidad en la capital de Colombia. En su plan de gobierno, promete una megacárcel en la que reserva espacio para “venezolanos criminales”, al tiempo que asegura que los reclusos deberán pagar allí su comida con trabajo.
“Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que los venezolanos y otros criminales están siendo agresivos, ya no le dicen ‘quieto cucho’, le dan la cuchillada”, dijo en el canal de YouTube de la revista Semana.
“No más impunidad para Bogotá, a la mega cárcel llegarán: 1. Ladrones reincidentes, 2. Jefes de las bandas de microtráfico, 3. Venezolanos criminales. Cárcel para los delincuentes, Bogotá para los ciudadanos.”, ha reiterado Molano en Twitter, ahora X.
En Redcheq explicamos las posibilidades, contradicciones y vacíos de esta propuesta inspirada en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionado por violaciones a los derechos humanos en el marco de un estado de excepción caracterizado por las capturas masivas sin garantías judiciales y la reclusión de personas en condiciones indignas.
En el artículo aclaramos que los alcaldes, dentro del ordenamiento legal en Colombia, solo tienen facultades para construir centros de detención preventiva, donde están las personas no condenadas, pero las penitenciarías o cárceles, ya sea alta, máxima, media o mínima seguridad, solo las puede ejecutar y manejar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y allí ingresan quienes reciben una condena judicial.
Detallamos, además, que una vez que una persona es recluida, su tutela recae sobre el Estado, el cual le debe garantizar su salud, integridad, alimentación y bienestar, y que el trabajo dentro de estos establecimientos solo se puede usar como un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización, pero “no tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria” y la pena de trabajo será definida por un juez. Es decir, Molano tampoco puede poner a presos a trabajar por comida, si así lo quisiera.
Perfil: Economista y especialista en Ciencias Políticas, fue concejal de la ASI en Medellín y gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) en la gobernación de Luis Pérez. Además, es cofundador del medio digital Minuto30 y ya en 2019 había aspirado al cargo que hoy busca de nuevo.
Mensajes sobre la migración venezolana: Tobón manipula las referencias de los flujos migratorios de colombianos que se fueron incrementando en Venezuela a partir de los años 50, 60 , 70 y 80 del siglo XX, un desplazamiento que se dio no solo por la búsqueda de mejores condiciones de vida, sino también impulsado por el conflicto armado colombiano. Al respecto, el candidato pretende establecer una diferencia entre los “antioqueños” que pudieron progresar en Venezuela y “establecer relaciones comerciales fructíferas para todos” versus los extranjeros que podrían poner en “jaque” a Antioquia, al culparlos por la delincuencia en el departamento.
“Venezuela acogió a los Antioqueños en el siglo XX, nos dieron la oportunidad para progresar y establecer relaciones comerciales fructíferas para todos. Hoy Antioquia abraza a nuestros hermanos Venezolanos, a los que han llegado a construir familias, sociedad, empresas, a atender puestos de trabajo con honestidad y honorabilidad; trabajaré para fortalecer nuestros lazos de hermandad. No toleraré a los Venezolanos que han llegado a delinquir en nuestro departamento, ni a ellos ni a ningún delincuente, nacional o extranjero, a los Antioqueños nadie nos va a poner en Jaque.”, vía @Mauriciotobonf.
En cuanto a los venezolanos que actualmente delinquen en ese departamento, cifras de la Policía Nacional apuntaban que, para finales de 2020 habían capturado a 2.291 migrantes de 154.302 que se encontraban allí en ese entonces. Es decir, una cantidad bastante reducida (1,5%) en comparación con la migración total, que no justifica la generalización que hace el candidato.
Perfil: Declarado seguidor de Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador a quien le copió el nombre del partido para inscribirse por firmas, intenta por segunda vez llegar a la Alcaldía de Cúcuta. Es un empresario del sector gastronómico y fue presidente de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) en la regional Norte de Santander.
Mensajes sobre la migración venezolana: La promesa de una “cárcel binacional metropolitana de máxima seguridad” ha estado constantemente en su discurso, al señalar a los migrantes venezolanos como una amenaza a la seguridad de Cúcuta y ser causantes del aumento de la criminalidad. Es partidario de llegar a acuerdos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro para que este país aporte al presupuesto de funcionamiento del recinto, un discurso que se asemeja al del muro fronterizo de Estados Unidos con México que, según el expresidente del país norteamericano Donald Trump, sería pagado por su vecino del sur.
Sin embargo, esta es una propuesta inviable para las competencias de una alcaldía ya que, igual que se explicó en el caso de Molano, el manejo del sistema carcelario es exclusivo del Estado colombiano a través de las funciones delegadas al Inpec, según lo estipula el Código Penitenciario y Carcelario, por lo que la participación de otra nación no es posible. Además, las relaciones internacionales tampoco son de su resorte sino de la Nación, por medio de la Cancillería.
“En Cúcuta Ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si no tenemos donde encerrar a los delincuentes. Para restablecer la seguridad y el orden necesitamos una Cárcel Binacional Metropolitana de máxima seguridad ¡YA! 🚨”, vía @jluismora3.
Perfil: Economista y magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Ordóñez es la única mujer en la lista de candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Fue directora del Área Metropolitana de Bucaramanga y estuvo al frente de la Dirección de Integración Regional de la Alcaldía de Bogotá bajo la saliente administración de Claudia López.
Mensajes sobre la migración venezolana: “Aquí mi propuesta para afrontar el reto de la migración venezolana y su relación con el incremento de los índices de seguridad en #Bucaramanga. No necesitamos CANDADOS. Necesitamos LLAVES que nos permitan judicializar a los bandidos extranjeros y apoyar a los que vienen a construir una mejor ciudad con trabajo y legalidad”, vía @consuelordonez.
Aunque el planteamiento de Ordóñez es una clara contrapuesta al Plan Candado del que ha hablado su rival Jaime Beltrán, en el fondo mantiene la misma idea de relacionar a los migrantes con la inseguridad y judicializarlos. Además, tampoco deja claro a qué se refiere con las “LLAVES que nos permitan judicializar a los bandidos extranjeros”, pues se podría interpretar como la creación de una norma o una institución.
Igualmente, los alcaldes tampoco pueden aplicar controles para los migrantes en el país, pues esto le compete a Migración Colombia, ni administrar justicia a los detenidos. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, para el ya citado explicador de la megacárcel de Molano, nos dijo que un alcalde es la máxima autoridad de la policía en una ciudad, pero no tiene facultades para enviar a alguien a la cárcel, ya que esto pertenece a las funciones de la Rama Judicial de Colombia.
Perfil: De profesión odontólogo, en su lema promete ser “el candidato que le devolverá la sonrisa a Cúcuta”. Es presidente de la organización Veedores Unidos Norte de Santander y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la salud del departamento. El partido que lo avala consiguió la personería jurídica en 2022, tras alcanzar una curul en la Cámara por la circunscripción especial afro con el representante Miguel Polo Polo.
Mensajes sobre la migración venezolana: Tras un debate de candidatos a la alcaldía y gobernación del departamento con industriales de la zona aseguró que “hablar de la migración es hablar de indigencia, habitantes de calle, empleo, empresa, microtráfico, todo es transversal… lo que pasa es que nos mandaron toda la carga a nosotros, no podemos hacer más nada, no tenemos el billete, ni la capacidad ni el personal para tratar la migración”.
Las declaraciones de Rojas en este caso mezclan xenofobia y aporofobia (rechazo a los pobres) y resultan rebatibles, pues el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre habitantes de calle, con datos de 2021, reflejaba que para ese año solo había 1.012 personas extranjeras en esa situación, solo 3% de las 34.091 que en todo el país que viven en esa condición. Incluso si todos esos extranjeros fueran venezolanos, solo representarían el 0,05% de migrantes para ese momento. Esto lo abordamos más a fondo en nuestro chequeo “Es falso que 2 millones de venezolanos estén “sufriendo” en las calles, como dijo Federico Gutiérrez”, publicado en el contexto de la campaña presidencial de 2022.
Por otro lado, contrario a esa narrativa de que son una “carga”, hay estudios nacionales que muestran el impacto positivo de la migración sobre la productividad del país y que consultamos para nuestra verificación “Galán y Bolívar aciertan sobre una migración joven y en edad laboral presente en Bogotá”. Por ejemplo, un ensayo publicado por el centro de investigación Fedesarrollo, argumenta que la población venezolana en Colombia, al ser más joven muchas veces que la nativa, podría tener “implicaciones importantes en productividad, sobre todo en el mediano y largo plazo, puesto que podría contrarrestar el envejecimiento de la población colombiana”.
Una investigación del Fondo Monetario Internacional del año pasado calcula que, con las ayudas y las políticas de integración adecuadas, las personas venezolanas pueden incrementar el producto interno bruto (PIB) real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales para 2030.
Perfil: El “padre Huérfano” es un líder religioso reconocido por su trabajo social e incidencia en barriadas populares y con altos índices de criminalidad en Cali. A la par, ha estado vinculado en polémicas sobre su pertenencia a diferentes corrientes religiosas y su accionar político (1, 2, 3). Fue candidato al Senado en 2018 por el Partido de la U y en 2022 por Fuerza Ciudadana, el partido del recién renunciado gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.
Mensajes sobre la migración venezolana: Huérfano, quien lleva varios años conociendo y trabajando en proceso de reinserción social en zonas afectadas por la criminalidad, paradójicamente, en época preelectoral, decidió centrar el problema delictivo en “ciudadanos extranjeros” para quienes exigió crear “un bloque especial para capturarlos, cárcel con trabajo forzado o deportación”.
La propuesta, que entraña una gran carga de estigmatización y de perfilamiento contra una población extranjera vulnerable, se asemeja a la polémica causada en 2021 por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien propuso una especie comando de operaciones conjunta dirigido a ‘criminales de población migrante’ y que causó gran rechazo en varios sectores del país y hasta el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento.
Por otro lado, el “trabajo forzoso” es una modalidad del delito de trata de personas en el Código Penal y, en general, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define que es una forma de explotación prohibida por convenios que Colombia ha ratificado, en especial “como medida de discriminación racial, religiosa o de otro tipo”. Mientras, el trabajo penitenciario para las personas privadas de libertad está contemplado, no como la medida sancionatoria o castigo que Huérfano propone, sino como medio terapéutico con fines de resocialización, como detallamos también en el explicador de RedCheq sobre la megacárcel.
El líder religioso también aprovechó en otra oportunidad para arremeter contra “los ciudadanos extranjeros” al reaccionar a un trino de otro usuario de Twitter que difundió una desinformación viral en la que se acusaba a un migrante de nacionalidad venezolana de ser el autor de un homicidio múltiple en Bogotá, cuando en realidad fue cometido por un ciudadano colombiano.
“En Colombia ya se debe pedir antecedentes penales y pasaporte para los ciudadanos extranjeros, a dónde van? Quién se hace responsable y dónde van a vivir? No podemos seguir permitiendo q delincuencia extranjera siga llegando a dañar más colombia. Cómo en otros países” (sic), vía @PadreHuerfano1.
El religioso utilizó el falso señalamiento para generalizar alrededor de la nacionalidad venezolana, exigir “antecedentes penales y pasaporte” e increpar sobre su movilidad dentro del país, cuando el mismo Estado colombiano ya adoptó un Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) con el cual se han registrado casi 2,5 millones de migrantes, de los cuales a 1,9 millones ya les han aprobado el permiso por protección temporal (PPT). El proceso de regularización pasa por la toma de datos biométricos y una encuesta de caracterización con exhaustivas preguntas que indagan sobre su pertenencia étnica, grupo familiar en Colombia y en Venezuela, identidad de género, condiciones de vida, educación, actividad a la que se dedica, ingresos mensuales, tipo de contrato, historial médico y motivos de migración, entre otras.
No exige presentar antecedentes, pero la aceptación por parte de Migración Colombia es discrecional. Incluso se han presentado rechazos por causas mucho menos graves que delitos, como supuestas infracciones al Código de Convivencia que nunca se notificaron y que fueron sancionadas con base en prejuicios de las autoridades; así lo contamos en “Permisos rechazados a migrantes en Colombia: ¿qué está sucediendo y qué hacer?”.
Perfil: Abogado y exalcalde de Floridablanca, sostiene su candidatura con apoyo del clan político más poderoso de la región: los Aguilar, grupo vinculado a casos de corrupción y paramilitarismo (1, 2, 3). La Fiscalía General de la Nación incluso abrió una indagación a una funcionaria de la actual gobernación de Mauricio Aguilar por presuntamente haber incurrido en delitos electorales al liderar una reunión proselitista a favor del candidato, como lo reveló Vanguardia, con funcionarios y contratistas del departamento.
Mensajes sobre la migración venezolana: Mantilla se une a la lista de candidatos con discurso anti-inmigración, que endosa los índices de inseguridad a la población venezolana. Propone crear un “Centro Regional del Oriente de Migración Colombia ” y a quienes crucen por la zona les asegura que “si hay alguna inconsistencia, si no hay documento de identidad: un busecito y media vuelta a la frontera de Cúcuta con Venezuela y allá que decidan, si los expulsan, si los deportan o si los legalizan”.
“Sí, hay un problema con los extranjeros, aquí están entrando, entrando… y no sabemos quién entra, buenos o malos están entrando y lo cierto es que los malos nos están haciendo daño”, vía @HectorGMantilla.
Migración Colombia, al ser consultada sobre este anuncio de campaña, recordó que el organismo ya tiene presencia institucional en la región a través del funcionamiento de dos centros facilitadores en Bucaramanga y Cúcuta y que ninguna entidad territorial podría abrir oficinas o centros sin su aval “ni desempeñar las funciones de Migración Colombia que establece el decreto 4062 de 2011, como son las verificaciones, expulsiones y la determinación de cualquier estatuto migratorio”, puntualiza la institución.
Los datos desmienten a los candidatos
En Colombia, de los 102.180 internos en cárceles, 3.991 son venezolanos, es decir, de 100 presos, casi 4 personas provienen de Venezuela, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esto sin contabilizar quienes están en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía (1, 2).
También al revisar en el Portal de Datos Abiertos de Colombia encontramos una base de datos con el nombre de “Conteo de Indiciados”, descrita como “Total de Indiciados por delito según entradas de noticias criminales al Sistema Penal Oral Acusatorio en la Ley 906 de 2004 y Ley 1098 de 2006 desde hechos ocurridos en 2010”.
Se tratan de casos que fueron tramitados por la Fiscalía, que podrían llegar o no a juicio y de allí salir una condena. Cuando se consultaron los datos, la última actualización era del 3 de octubre de 2023.
Al filtrar por país de nacimiento, aparece que de 3’876.488 indiciados, 3’244.564 nacieron en Colombia y 54.408 en Venezuela. En consecuencia, los venezolanos constituyen el 1.4% del total de personas indiciadas legalmente en el país.
Fuente: Conteo de Indiciados. Datos Abiertos.
El proyecto Migración Venezuela también había reportado con base en números de la Policía Nacional que solo el 2% de los detenidos entre 2015 y 2019 eran de nacionalidad venezolana.
Igualmente, el estudio del instituto de Política Migratoria (MPI) en Colombia, Perú y Chile apuntó que “los inmigrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos que la población nativa con respecto a su proporción dentro de la población en general, lo que indica que las percepciones públicas sobre un alza en criminalidad causada por los inmigrantes son erróneas”.
En relación con situaciones locales, en el caso de Bucaramanga, datos de la Policía Metropolitana señalan que de los 7.049 capturados por diferentes delitos en el área metropolitana al 23 de agosto de este año, 1.017 son migrantes, lo que equivale al 14%. Los principales delitos de sus capturas fueron receptación (37,2%), tráfico de estupefacientes (33.8%) y hurto (6.4 %).
Cifras del Inpec también exponen que de 2.244 personas en cárceles de Bucaramanga, 129 son venezolanas, es decir, un 5,7% de la población carcelaria.
Por otro lado, en Cúcuta, la Policía Nacional el año pasado advirtió que esta era la capital con mayor participación de ciudadanos venezolanos en la comisión de delitos, con un aumento de 12% de extranjeros vinculados con hurtos, homicidios y tráfico de drogas.
“La Policía Metropolitana ha capturado a cerca de 2.519 personas por diferentes delitos. De los cuales, 795 corresponden a ciudadanos venezolanos”, señaló Oscar Moreno, comandante de la Policía. Por tanto, la cifra equivale a casi un tercio de los detenidos, una proporción mucho mayor a la de otras ciudades que se explica por tratarse de la principal ciudad fronteriza.
Finalmente, en Bogotá, candidatos como Diego Molano han señalado como impulsora de la inseguridad en la ciudad al Tren de Aragua, una banda criminal multinacional que nació en Venezuela; sin embargo, en una investigación, La Silla Vacía consultó a expertos y funcionarios que coincidieron en que esa organización está lejos de ser el principal problema del distrito y, en cambio, distrae de los problemas reales de las dinámicas criminales y el crimen organizado.
En 2020, la alcaldesa López también afirmó que había venezolanos que le estaban haciendo “la vida de cuadritos” a los bogotanos y propuso deportar a los que delinquían. Sin embargo, en una verificación de Cocuyo Chequea, actualizada luego por Colombiacheck, se comprobó que era ínfima la cantidad de venezolanos incursos en delitos en la capital y en todo el país; de hecho, de las 21.812 capturas en flagrancia en Bogotá en aquel entonces, 1.874 correspondían a ciudadanos venezolanos.
Promover el miedo al “otro”
Laura Jiménez, directora del Barómetro, explicó que si bien han notado pequeños brotes de rechazo hacia los migrantes, uno de ellos reciente cuando se les acusó sin pruebas de generar un incendio forestal en Cali, les preocupa la xenofobia que pueden llegar a causar las declaraciones de candidatos y candidatas de estas elecciones regionales que gozan de amplio alcance.
“Ellos mismos dicen que no son xenófobos, que simplemente están contando que hay migrantes buenos y migrantes malos, pero simplemente el hablar de que hay migrantes malos y relacionarlos con la delincuencia, cuando su proporción es bastante pequeña, ya están siendo xenófobos y sus declaraciones están teniendo consecuencias inimaginables para esas personas”, sostuvo.
En el informe donde documenta precisamente las afirmaciones de este tipo, Jiménez precisa que esos pronunciamientos recurren a la estrategia de responsabilizar al “otro” de los problemas que no tienen fácil solución y estigmatizan a la población migrante, lo cual la vuelve más vulnerable.
“La delincuencia y la violencia tienen raíces complejas en nuestra sociedad (…) Sin embargo, plantear que la construcción de cárceles es la solución para la delincuencia (además haciendo énfasis en la nacionalidad de los/las delincuentes que serían encerrados/as allí), es falaz”, se resalta en el documento.
La profesora María Clara Robayo, investigadora del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, coincidió en que en estos momentos, al haber una situación de seguridad compleja en el país y en los territorios, muchos candidatos están buscando construir la figura del enemigo externo o el enemigo inmediato dentro de la población migrante y generalizan las nacionalidades a las que pertenecen.
“Con esto logran conectar con el miedo a la inseguridad que vive la sociedad colombiana o las sociedades urbanas y rurales. Y pues efectivamente se ha demostrado que culpar siempre a ese otro, al extranjero, y buscar un enemigo inmediato nos impide justamente mirarnos críticamente para entender cuáles son las verdaderas causas”, explicó.
La docente subrayó que le parece necesario mayor vigilancia por parte de las personerías y la Procuraduría General de la Nación sobre las manifestaciones de discriminación y xenofobia hacia la población venezolana hechas por líderes de opinión o candidatos políticos que tienen un gran efecto en la opinión pública nacional y local.
¿Dónde denunciar mensajes xenofóbicos en campaña electoral?
A mediados de septiembre, la Misión de Observación Electoral (MOE), una reconocida organización de la sociedad civil, pidió en un comunicado a las organizaciones políticas y a las candidaturas “abstenerse de emplear, reproducir y replicar mensajes estigmatizantes y discriminatorios”.
La MOE mantiene la plataforma Pilas con el Voto, un sitio web que permite a la ciudadanía en general reportar irregularidades electorales que perciben en sus municipios y departamentos a través de un formulario en el que se pueden describir los hechos, hora, lugar, tipo de elección, quién estaría cometiendo la irregularidad y adjuntar archivos, entre otros detalles.
El sistema también cuenta con la línea +57 315 266 1969, dispuesta solo para mensajes en WhatsApp, en la que se puede informar sobre anomalías en los comicios. Este mecanismo no reemplaza la denuncia formal, pero la MOE se compromete a remitir la irregularidad reportada a las autoridades competentes.
En Colombia, los extranjeros con visa de residente y mayores de 18 años tienen derecho al voto para elegir alcaldes, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales (no pueden elegir gobernadores ni diputados). Si detecta mensajes discriminatorios o xenófobos en campaña electoral y que incluso se puedan traducirse en barreras al momento de ejercer el sufragio, puede reportarlos a través de esa plataforma o directamente a las autoridades, en especial a las del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales).
¿Cuáles son los riesgos de los mensajes xenofóbicos?
La directora para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, Juanita Goebertus, alerta que “los discursos xenófobos se convierten en la bandera de esos candidatos que no tienen propuestas concretas para integrar a la población migrante. Si las personas ven que un candidato puede abiertamente discriminar, sentirán que ellos también pueden hacerlo en su vida cotidiana”.
Iniciativas como la del acuerdo multipartidista contra la xenofobia en las pasadas elecciones territoriales, de la que Goebertus fue impulsora desde el cargo que ocupaba entonces como representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, o la campaña “Aquí cabemos todos. Colombia libre de xenofobia”, promovida por la Procuraduría General de la Nación junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también en 2019, no se volvieron a emular en 2023.
Tardíamente, a 2 semanas de las elecciones del 29 de octubre, la Procuraduría anunció el envío de una directiva a organizaciones políticas y movimientos ciudadanos con candidatos a los comicios, recordando que no está permitido discriminar a migrantes, mujeres, personas LGBTIQ+ u otros grupos poblacionales en ningún escenario. La institución exige “velar por una adecuada reglamentación de la publicidad, lenguaje y comportamiento de los candidatos y candidatas que estos avalen, a fin de evitar conductas xenófobas o que aludan a alguna forma de discriminación durante el desarrollo de las campañas.”
Este explicador contó con el apoyo del periodista Gonzalo Orduz García, desde Norte de Santander, quien hace seguimiento permanente a la coyuntura política y de seguridad en la zona fronteriza colombo-venezolana.
