Las Elecciones Territoriales 2023 dejaron a Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia para el periodo 2024-2027 y a Federico Gutierrez Zuluaga como alcalde de Medellín, ciudad principal del departamento. Hicimos un rastreo de la financiación de sus campañas a través del aplicativo Cuentas Claras y encontramos varios datos cuestionables.
El 29 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Territoriales 2023 en Colombia para determinar los nuevos gobernadores, concejales, diputados y ediles del país. En particular, el departamento de Antioquia tuvo una lista de 9 candidatos para la Gobernación entre los cuales Andrés Julián Rendón (Por Antioquia Firme) quedó como ganador con el 36,78% de votos a su favor, por encima de Luis Pérez (Piensa en Grande), que obtuvo un 23,28%.
Así mismo, en Medellín, la capital antioqueña, la ciudadanía contó con una lista de 14 candidatos a la Alcaldía, entre los cuales Federico Gutiérrez (Creemos) quedó como ganador con un 73,36% de votos. El segundo puesto fue ocupado por Juan Carlos Upegui con un 10,14%. (Datos Registraduría Elecciones Territoriales 2023 aquí).
Realizamos un rastreo de la financiación de campañas de estos cuatro personajes a través del aplicativo Cuentas Claras y esto fue lo que encontramos a la fecha del 10 de noviembre:
- Rendón, su exsecretaria y las bananeras de Urabá
Para estas elecciones, Andres Julián Rendón, una figura con recorrido político marcado en Rionegro, Antioquia, contó con el aval del Centro Democrático para lanzarse como candidato a la Gobernación. Su campaña fue alta en ingresos, al registrar $4.628 millones de pesos; los gastos totales por su parte suman lo mismo, entre ellos $3.518 millones están pendientes por pagar.
El mismo Centro Democrático aportó como partido un total de $176 millones y, además, le brindó dos créditos de $3 millones y $400 millones , y una donación en especie para transporte aéreo de $51 millones .
Por otro lado, una cédula que genera inquietud en los reportes es la de Ana María Mejía Bernal, que aparece tres veces en la lista de ingresos a la campaña por particulares con tres créditos de $160 millones, $840 millones y $18 millones respectivamente. En dos de ellos, su nombre aparece con un cambio en su segundo apellido que es Bernal, no Mejía.
Ana María fue alcaldesa encargada del Municipio de Rionegro en 2019, durante la administración de Andrés Julián Rendón, en la que también fue secretaria de Desarrollo Territorial. Dichos créditos hacen parte de las obligaciones pendientes de pago del nuevo gobernador. Además, su nombre aparece nuevamente en las cuentas de gastos de administración, esta vez escrito correctamente, haciéndola tres veces beneficiaria de un monto de $2.900.000 por “HONORARIOS - ARRENDAMIENTO OTRAS SEDES”.
El 16 de noviembre, el gerente de la campaña, Luis Fernando Begué, le respondió a Colombiacheck que tanto la falla en el apellido como los pagos reportados por “arrendamientos de otras sedes” obedecen a un error de digitación, sumado a fallas de intermitencia del aplicativo Cuentas Claras. De esta manera, la contratación real de Ana María, según el gerente, fue como coordinadora de la agenda del candidato y logística de la misma, y a la fecha ya habían realizado las actualizaciones correspondientes.
Además él expresó que, “de ninguna manera la campaña de Andrés Julián Rendón benefició a ningún tercero con pagos realizados; de acuerdo al artículo 10 de la resolución 4737 de 2023 expedida por el CNE, todo servicio prestado a la campaña se debe pagar y reportar en debida forma. Para el caso de la señora Ana María Mejía Bernal, y por decisión del gerente de campaña fue contratada mediante contrato de prestación de servicios por el cual se le cancelaron sus respectivos honorarios.”
Otros donantes de la campaña de Rendón son la Fundación Grupo Argos ($100.000.000,00), Uniban ($15.000.000,00) y Greenland Investments SAS ($30.000.000,00). Para el primero, se debe considerar que el Grupo Argos hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), a su vez señalado en varios escándalos por corrupción en la región (1,2).
Uniban, por su parte, es una de las principales empresas bananeras de Urabá denunciada “por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y financiación voluntaria a grupos paramilitares” como lo informó El Espectador en mayo del 2020.
Así mismo, Greenland Investments SAS aparece en la reciente investigación publicada por Vorágine sobre el posible nexo de Banacol en dinámicas de narcotráfico, como la “empresa elegida por los propietarios de Banacol para hacer donaciones a campañas políticas”.
Estructura empresarial de Banacol compartida por Vorágine.
En efecto, Greenland Investments SAS donó a las campañas de 2023 de Rendón, otros candidatos del partido Centro Democrático y el alcalde electo y excandidato presidencial Federico Gutiérrez.
Frente a la investigación señalada, que hace parte del proyecto NarcoFiles e intenta deducir a profundidad estas relaciones, ninguno de los dos políticos antioqueños se ha pronunciado públicamente. Por el contrario, la empresa sí se expresó a través de un comunicado, diciendo que son “víctimas del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras y no es aceptable bajo ningún aspecto que se vincule a la Compañía con acciones que estén al margen de la ley, especialmente como esta que tanto daño le ha hecho al país”.
Al respecto, Begué nos dijo que en la campaña, “conforme al sistema de auditoría interna y los protocolos establecidos con relación a Sarlaft y siguiendo el proceso de recepción de donaciones de terceros, se realizaron los pertinentes controles inherentes a la debida diligencia y consulta de listas restrictivas”.
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) mencionado por Begué, es un sistema que se debe implementar en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir y controlar el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de las listas vinculantes definidas para Colombia se cumple esta tarea.
Según Begué, para el caso de ambas empresas, se realizaron las debidas consultas en un total de 290 listas restrictivas internacionales y nacionales, incluyendo a sus representantes legales y composiciones accionarias y los resultados no arrojaron coincidencia alguna relacionada con temas de lavado de activos. Por ende, procedieron a aceptar los aportes y les solicitaron los soportes exigidos por las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Terminemos señalando que la actividad en la que más invirtió este candidato fue en la propaganda electoral, destinando $2.976 millones de pesos a ello y fue el canal público regional Teleantioquia una de las empresas con la que más pautó. También, según la biblioteca de anuncios de la compañía tecnológica Meta, Rendón gastó $266 millones en publicidad (últimos 90 días) en redes sociales que no están explícitamente reportados en el informe. Según Begué, para la prestación de este servicio se contrató a la empresa Noa Experience SAS que, según los reportes, recibió en total $511 millones.
- ‘Fico’, viejos amigos y una gran campaña publicitaria
Federico Gutiérrez, excandidato a la presidencia del país, fue nuevamente elegido como alcalde de Medellín en estas últimas elecciones, cargo que ya tuvo en el periodo 2016-2019.
Según sus reportes, logró financiar su campaña con dinero recibido únicamente de particulares, que son en su mayoría donantes. El aspirante, conocido como ‘Fico’, no recibió aportes ni de sus parientes ni de partidos políticos, ni tuvo que hacer créditos con alguna entidad bancaria.
Así mismo, tiene en ceros sus obligaciones pendientes de pago. Los ingresos totales reportados por ahora en su campaña son de $1.690 millones de pesos mientras que los gastos suman $1.688 millones.
Como anteriormente (1, 2), para esta candidatura, el fundador del partido Creemos recibió donaciones sobre todo del sector empresarial. Inversiones Pinamar, por ejemplo, que ha aportado a sus campañas anteriores, esta vez registra una donación de $37 millones. Así mismo, Greenland Investments S.A.S , relacionada, como ya vimos, con Banacol, aportó esta vez $30 millones.
Respecto a esta última, como en el caso de Rendón, desde la gerencia de campaña de Federico Gutiérrez, nos respondieron, el día 16 de noviembre, que se contó con un equipo de cumplimiento que revisó todos los ingresos de dinero en fuentes de información públicas y que dichas consultas se hicieron para la empresa y sus representantes legales.
“Ninguna de las empresas que aportó, tanto a la campaña a la Alcaldía como a la consulta presidencial y a la primera vuelta [de 2022] tenían alguna mención de temas de lavado de activos ni financiación del terrorismo. Para eso buscamos además que todos los aportes se hicieran de manera bancarizada y poder garantizar la trazabilidad”, argumentó María Fernanda Galeano, la gerente de campaña.
También dijo que sus validaciones fueron de fuentes públicas, no de filtraciones de correos de la Fiscalía u otras entidades. Éstas, según ella, se hicieron en más de 60 listas vinculantes en LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) donde se encuentran, entre otros, las listas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la la Oficina Federal de Invastigaciones (FBI) de Estados Unidos; la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Procuraduría, los juzgados de ejecución de penas y medios públicos.
En los reportes, además de Greenland Investments S.A.S., también aparecen otras empresas de distintos sectores donando altos montos, como la Constructora Avenida 80 SAS ($40 millones), Proninsa SAS ($37 millones), Londoño Gomez SAS ($37 millones), Mineros SA ($40 millones), Funeraria San Vicente SA ($40 millones), Inver VM S.A.S ($47 millones) y Productos y Materiales de Confeccion SAS ($50 millones).
Las cuentas también incluyen donaciones en especie de sumas más pequeñas, realizadas por ciudadanos del común. Hay una particular hecha por Juan David Lopera Ramírez de $20 millones registrada con una cédula que aparentemente no corresponde a ese nombre, pues se encuentra en otros documentos oficiales (1,2) como la identificación de Mateo Bran López:
Con ese presupuesto, Gutiérrez se encargó de generar una gran campaña publicitaria de $1.073 millones de pesos (el 63,49% de sus ingresos) en la que le pagó a más de 10 comunicadores distintos para redes sociales, el pago de sus honorarios suma $96 millones. Los gastos de pauta en Meta, por su parte, fueron de $72 millones que no están especificados en los registros.
La empresa Vahos y Orozco SAS también hace parte de la lista de los gastos en publicidad del candidato, según la cual, esta recibe un total de $178 millones. Mateo Gómez Vahos, uno de sus fundadores, ha sido contratista en las administraciones anteriores de Gutiérrez y estuvo detrás de la estrategia digital de la Alcaldía de Medellín en 2017 en la que, como lo informó el periodista Juan David Ortiz en la investigación “La Bodega de Fico”, se crearon perfiles y cuentas falsas en redes sociales para atacar a los oponentes del entonces mandatario de la ciudad.
Para 2021, Vahos empezó a trabajar en Creemos Colombia, fundada por Juan Carlos Molina Villegas, que es a su vez gerente de Integración SAS, otra empresa que aparece repetidamente en los informes de esta candidatura recibiendo $103 millones en total por gastos en administración sin especificar el concepto, y otros $493 millones en total por propaganda electoral.
Para este año, al preguntar por el beneficio a este viejo amigo, la gerente sólo nos respondió que “su contratación cumple con todos los requisitos legales que desde la organización de la campaña se exigen” y que Vahos y Orozco SAS “solamente ejecutó pero todo el recurso fue para Meta”; sin embargo, como apreciamos anteriormente, el total invertido en dicha plataforma refleja un monto menor al recibido por la empresa.
Por último, la propaganda en la calle fue uno de los elementos más representativos en la campaña de Fico. En manillas, bolsas y gorras gastó $37 millones y en honorarios a pregoneros y distribución de volantes gastó $29 millones. Para este lanzamiento volvió a rondar el “Ficondón”, un preservativo que lleva su imagen y la frase: “Ficondón, ¡juicio pues!, cuídate y vota este 29 de octubre”, que ya había sido empleada en su campaña presidencial.
¿Y los segundos de la lista?
- Luis Pérez, los Niño Sierra y su amigo Diego León
Para el caso de Luis Pérez, segundo más votado al cargo de Gobernador en Antioquia después de Andrés Julián Rendón, encontramos un total de ingresos de $2.679 millones y un total de gastos de $1.440 millones, que refleja un valor sobrante de $1.239 millones del cual se desconoce su destino. Además de eso, la cantidad registrada en obligaciones pendientes de pago a la fecha es mayor al reporte de sus gastos.
Como en campañas anteriores, sus familiares, como independientes y también a través de sus empresas, han sido aportantes de su campaña. Su hermano Mario de Jesús Pérez, es representante legal de la empresa Aromas de Colombia SAS que le donó en especie, para esta candidatura, el monto de $19 millones de pesos.
Según El Espectador, Mario de Jesús ha financiado antes campañas políticas de su hermano y su nombre ha sonado en la esfera pública por haber sido socio de Luis Pérez en la compra de una propiedad en 2007 que presuntamente, según la Fiscalía, fue del exparamilitar Carlos Mario García en 2004. También su cuñada, que en 2015 le entregó como crédito más de 180 millones de pesos, le donó esta vez $10 millones.
Además, las cuentas también incluyen créditos con la familia de empresarios Niño Sierra por un total de $608 millones. Margarita Niño Sierra es gerente de la empresa M.N. Impresos SAS, en la que Melissa Balcazar Niño aparece como accionista y suplente del cargo; ésta última también es accionista en Blz Architects S.A.S.
Valores para el informe de ingresos por “Crédito”.
Estos créditos están registrados en los pagos pendientes de Pérez con los mismos valores iniciales registrados en sus ingresos; sin embargo, los nombres de los tres integrantes de la familia, e incluso un hermano más (José Alfredo Niño Sierra) vuelven a aparecer en la inversión del candidato para propaganda electoral.
Diego León Ortiz Gil es otro de los nombres que recibió dinero de parte de Pérez: $111 millones por actos públicos y $26 millones por gastos de administración. Este personaje ya había tenido relación en 2015 con el político y la familia Suárez Mira, cuestionada por llevar décadas al mando del municipio de Bello y por parapolítica.
Por otro lado, El Colombiano informó que “donantes de la campaña de Luis Pérez han recibido más de 6.500 millones en contratos durante la alcaldía de [Daniel] Quintero”, el mandatario de Medellín que renunció en medio de la campaña para apoyar abiertamente a su exsecretario Upegui como sucesor. Entre estos contratistas están Compuestudio LTDA ($10 millones), FundaSer ($10 millones) y Claudia Pérez Velásquez ($26 millones).
Dos últimos datos sobre las cuentas de este político son el registro de $178 millones en sus Ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento poniendo como tipo de actividad la razón de “otros”. Así mismo, en pauta publicitaria en Meta gastó $46 millones que no están especificados en el aplicativo.
- Juan Carlos Upegui y los contratistas de la administración de Quintero
El candidato de Independientes a la Alcaldía de Medellín registró el total de ingresos más bajo de los cuatro candidatos en cuestión con el monto de $673 millones. Los gastos registrados hasta ahora son de $648 millones dejando de sobra $25 millones que no han sido reportados.
Entre sus aportantes está su hermana Laura Upegui Vanegas con $50 millones, quien fue nombrada en la junta directiva de TeleMedellín en 2021 por el entonces alcalde Quintero; y su prima Diana Marcela Osorio Vanegas, esposa del ahora renunciado exmandatario, con $20 millones.
Otros nombres conocidos en sus lista de donantes son los del exsecretario de Gobierno Juan Pablo Ramírez Álvarez y el subdirector administrativo de Planeación Social y Económica, Luis Guillermo Brand Rendón, quienes hicieron los mayores aportes en ese concepto.
Además de eso, a nombre de Juan Pablo Ramírez Álvarez también aparecen $400 millones en los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento por concepto de “bingos” y “otros”.
Por otro lado, el diario El Colombiano informó el 12 de octubre que varios de los donantes de las campañas de Esteban Restrepo (a la Gobernación) y Juan Carlos Upegui, son o han sido contratistas pagos con dineros de la Alcaldía de Medellín. La abogada Gloria Jaramillo y el contador público Daniel Salazar fueron quienes descubrieron el hecho. Algunos de ellos, para el caso de Upegui, son Alejandro Preciado Pérez, Daniela Carreño Sánchez y Lina María Flórez Román.
Al respecto, en una entrevista con Noticias Caracol, Upegui dijo: “Tuvimos una alerta. Estamos sacando a los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación porque sabemos que, si más del 50% de sus ingresos el año pasado provienen de recursos públicos, no lo pueden hacer”.
Además de eso, la empresa Eventos Totales SAS también donó en especie $5 millones y ahora está en la mira por el retraso del pago a los y las invitadas y empleados de la Fiesta del Libro y la Cultura, uno de los eventos en los que operó desde la Alcaldía de Medellín; en redes sociales han rondado distintas denuncias sobre este caso. Además, Todos Por Medellín también denunció un presunto cartel de contratación que involucra a su gerente y socio accionista, Jader Alberto Montoya Pareja.
Entre los gastos administrativos de Upegui está el pago a dos personas relacionadas con la alcaldía de Quintero: Juan José Aux Trujillo, exsecretario de Comunicaciones, con $3 millones por asesoría de campaña, y $3.500.000,00 por arrendamientos. Y Santiago Bedoya Moncada, que fue secretario de la Juventud hasta mayo de este año, recibió otros $3 millones también por asesoría de campaña.
El gasto de Upegui en propaganda electoral fue de $515 millones en los que no aparece específicamente la pauta en Meta que fue de $298 millones.
Particularmente de parte de estas dos últimas campañas no recibimos ninguna respuesta a las preguntas realizadas sobre los datos encontrados en esta investigación.
¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos frente a la transparencia en los procesos electorales?
En realidad, las campañas tienen plazo para soportar debidamente sus ingresos y gastos hasta el día 29 de noviembre de 2023 (un mes después de las votaciones), según la normatividad establecida por el CNE , el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y a la resolución 4737 de 2023. Luego, los partidos políticos cuentan con un mes adicional para consolidar esta información y remitirla al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, esta investigación arrojó varios datos cuestionables para la fecha de revisión del aplicativo Cuentas Claras (10 de noviembre) que nos permiten generar las alertas necesarias para el seguimiento y veeduría de la transparencia en la financiación de las campañas electorales más votadas en el departamento y su ciudad principal; por ende, decidimos hablar con Marlon Pabón de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre varios hallazgos en los que los candidatos coinciden.
Para los casos de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez, específicamente, se puede hacer la alerta sobre información incompleta y/o errada por reportes con cédulas y nombres que no concuerdan. Además, frente a la relación de sus donantes con procesos ilícitos, sin dejar de lado la respuesta de cada campaña sobre la empresa Greenland Investments S.A.S., Pabón recomienda hacer una revisión exhaustiva del Artículo 27 de la Ley 1475 sobre “Financiación prohibida” que menciona las fuentes prohibidas de financiación para los partidos, movimientos políticos y campañas; entre ellas están “Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”.
Respecto a no reportar explícitamente la pauta de Meta, una situación en común en los reportes de las cuatro campañas, Pabón sugiere hacer la advertencia de que no aparece registrada, aún, información sobre publicidad en redes sociales o que no es fácil determinar si el registro en Cuentas Claras por concepto de propaganda también incluye esa publicidad.
También, para los casos de donantes que son o fueron contratistas, él explica que se debe revisar caso por caso, porque no es fuente de financiación prohibida el recibir recursos de contratistas, ya que no son funcionarios públicos. El primer paso sería revisar si se da este supuesto:
"Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar" - que hace parte de la misma lista de fuentes prohibidas señaladas en el Artículo 27 de la Ley 1475.
Por último, según Transparencia por Colombia se hace la claridad de que las personas que realizan donaciones en las campañas políticas pueden ser contratadas posteriormente por el candidato ganador, siempre y cuando la contribución que haya realizado a la campaña no supere el 2% del tope de gastos, como lo señala la Ley 1474 de 2011. Para el caso de todos los candidatos que demostraron relaciones favoritistas, la sociedad civil y las entidades correspondientes deben estar atentos al tipo de contacto que se genere con los donantes posterior a la elección para evaluar esta situación.
(*) Esta nota fue posible gracias al apoyo y financiación del Centro Carter.
