El programa de gobierno del candidato se equivocó al citar una fuente que realmente no publicó esa información. Además, RedCheq no encontró una fuente oficial que confirme cuál es el porcentaje exacto de impunidad en Colombia.
En la página 52 del Programa de gobierno de Rodolfo Hernández, encontramos la siguiente afirmación: “Según Transparencia por Colombia, estamos en un 94% de impunidad; es decir, de cada 100 delitos que se cometen en el país, solo seis son castigados efectivamente”.
Consultamos al equipo de prensa del candidato a la presidencia para obtener claridad sobre la fuente en la que se basa esa afirmación en su programa de gobierno, pero al término de esta publicación no se obtuvo respuesta. Ahora bien, en el año 2019, El Tiempo publicó un artículo que plantea que la impunidad en el país es del 94% y que dicha información está sustentada en investigaciones de Transparencia por Colombia y la Fiscalía General de la Nación.
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Sin embargo, desde Redcheq calificamos esa afirmación como No verificable, pues nos comunicamos con Transparencia por Colombia y expresaron que dicha medición porcentual no fue publicada por la institución. Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, nos dijo que “aunque la cifra del 94% de impunidad ha circulado en distintos medios de comunicación, no obedece a un dato generado por Transparencia por Colombia”.
Adicionalmente, consultamos a la Fiscalía y desde la entidad aseguraron que ese porcentaje de impunidad tampoco ha sido definido por ellos. "La Fiscalía General de la Nación no cuenta con un indicador que permita establecer mediciones porcentuales en términos de impunidad", explicaron desde la entidad. RedCheq, por su parte, tampoco encontró una fuente confiable que permitiera validar si la impunidad en el país es exactamente del 94%.
¿Existen mediciones sobre la impunidad en Colombia?
Cuando se menciona el término ‘impunidad’ ¿a qué se hace referencia? La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define la impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, realizado por el Centro mexicano de Estudios sobre Impunidad y Justicia, de la Universidad de las Américas Puebla de México, Colombia ocupó el puesto 49 entre 70 países en materia de impunidad; ubicándose en el rango de IMPUNIDAD MEDIA con un puntaje de 46.88.
A nivel del continente americano, el informe del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia ubica a Colombia como el sexto país con mayor nivel de impunidad, después de Costa Rica, Estados Unidos, Barbados, Panamá y Canadá.
Ahora bien, un efecto generalizado de la impunidad en Colombia es justamente la desconfianza ciudadana con el sistema de justicia. En la medición 147 de Invamer Poll, publicada en febrero de este año, la opinión sobre el sistema judicial colombiano pasó del 35% en 2005, al 80% de desfavorabilidad este año. Además, las instituciones de seguridad (Fuerzas Militares y Policía), de Justicia (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación) y los organismos de Control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República), también recibieron opiniones desfavorables por parte de los encuestados.
¿A qué se debe la impunidad en Colombia?
Para el reconocido exfiscal y abogado penalista Elmer Montaña, experto en sistema penal acusatorio, asuntos disciplinarios y responsabilidad del Estado, “la impunidad en Colombia es un reflejo de la violencia generalizada que existe en el país, del auge de la delincuencia organizada y la incapacidad del Estado para hacerles frente”. “Es un mal que llevamos enquistado desde hace décadas, que destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, especialmente en aquellas concernidas en administrar justicia”, agregó el experto.
Al respecto, la Comisión de Expertos Anticorrupción de Fedesarrollo en La corrupción en Colombia: diagnóstico y recomendaciones para controlarla explica lo siguiente: “Existe una estrecha relación entre la política y el funcionamiento de la justicia y los organismos de control por la discreción del Ejecutivo y las corporaciones públicas en la selección de los altos funcionarios del sector. Lo anterior mina su independencia frente a los actores políticos y económicos (Newman y Ángel, 2018; Villadiego y Hernández, 2018) y abre la puerta a la utilización del poder de estas entidades con fines políticos, en detrimento del debido proceso (...) Lo anterior no solo crea impunidad para estos grupos sino deslegitima la justicia en general”.
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En esa misma línea, el exfiscal Montaña agrega: “La Fiscalía da tumbos guiada, cada 4 años, por personajes extraídos del mundo político que administran justicia de acuerdo con los intereses del gobierno de turno y de los grupos de poder a los que les sirven. La mayoría de los fiscales generales han contribuido al desprestigio de la Rama Judicial, al promover una justicia selectiva que persigue a unos y garantiza impunidad a otros”.
Montaña también plantea una relación entre impunidad y corrupción. Según él, la corrupción ha permeado las altas cortes ocasionando descrédito institucional: “el descrédito de las altas cortes, que hasta hace pocos lustros eran consideradas reservorios de la moral y sus magistrados vistos como hombres sabios y valientes”.
Finalmente, el exfiscal Elmer Montaña asegura que “para recuperar la justicia y ponerla al servicio de la sociedad y la democracia, debe someterse a una reforma profunda”, lo que implica:
- Sustracción de las cortes y tribunales de funciones relacionadas con la política.
- La carrera judicial debe ser de imperativo cumplimiento y debe cobijar a los magistrados de las altas cortes y el fiscal general.
- Sancionar, sin contemplaciones, los abusos de poder, las detenciones alevosamente ilegales y los falsos positivos judiciales.
- El estado debe hacer un seguimiento riguroso al patrimonio de todos los servidores judiciales e investigar, expropiar y sancionar a quienes hayan incrementado injustificadamente su patrimonio.
- La policía judicial no puede seguir operando como una rueda suelta, lo cual se presta para que muchas investigaciones fracasen antes de iniciarse debido a la corrupción. En este sentido los fiscales deben tener una función mucho más participativa.
- Ampliar el número de fiscales, investigadores y jueces, en lugar de incrementar la nómina de asesores que obedece a compromisos políticos y nada tiene que ver con la administración de justicia.
- La procuraduría debe desaparecer. No cumple ningún papel efectivo en el sistema penal acusatorio.
- Los funcionarios de la procuraduría que están en carrera deben incorporarse a la Rama Judicial».
