Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno Duque, se basó en una cifra de la FIP para decir que las acciones de la fuerza pública han disminuido en un 70%, pero eso hay que analizarlo en su debido contexto.
“Escuchaba a Jorge Mantilla, de Ideas para la Paz, que nos presentaba un informe de como, por ejemplo, han disminuido en un 70% las acciones ofensivas por parte de la fuerza pública”, aseguró Daniel Palacios, exministro del Interior, en diálogo con Semana (7:15). El exfuncionario del gobierno Duque dijo que escuchó ese dato en una conversación a la que lo invitaron para analizar la situación de orden público y de conflicto que atraviesa el país, a propósito del ataque perpetrado el pasado 6 de diciembre contra un grupo de militares en Buenos Aires (Cauca), que dejó seis uniformados muertos y siete heridos.
Para el exministro, actualmente no existe una política de seguridad en el país, sino una estrategia de buscar una Paz Total, y lo que él interpreta es que la fuerza pública se ha replegado y está a la espera de cómo se va a adelantar la propuesta de Paz Total del gobierno del Presidente Gustavo Petro.
Luego de consultar varias fuentes RedCheq califica la afirmación como discutible, pues si bien la cifra que mencionó Palacios corresponde, efectivamente, a un análisis de la FIP, la misma organización le explicó a RedCheq que el comportamiento mensual de esas acciones muestra algunos aumentos y que las reducciones se deben también a que en muchas zonas donde se ejecutan las acciones ofensivas de la fuerza pública, también disminuyó sustancialmente la hostilidad de los grupos armados. Otros expertos consultados dijeron además que todavía no está clara la política de seguridad, por lo que no hay consenso en el análisis.
RedCheq le preguntó al secretario de Palacios en qué conversación específica escuchó eso el exfuncionario, pero no respondió ni nos proporcionó datos de quienes le manejan prensa.
El informe de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) titulado “Petro y la estrategia de seguridad - efectos y alertas” publicado en noviembre de este año, indica, en efecto, que “durante el primer trimestre de gobierno los combates y bombardeos realizados por la Fuerza Pública (acciones de la Fuerza Pública) mostraron una reducción del 70% frente al mismo periodo de 2021, convirtiendo al 2022 en el año con cifras más bajas desde 2016”.
De acuerdo con dicho informe, en el trimestre agosto-octubre de 2021, la fuerza pública realizó 43 acciones, entre combates y bombardeos, mientras que en el mismo periodo de 2022 -bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro-, se registraron 13 acciones: 3 en agosto, 4 en septiembre y 6 en octubre.
“En este periodo, el comportamiento mensual de las acciones de la Fuerza Pública muestra que, después de la disminución presentada en agosto, existe un incremento para septiembre y octubre, llegando a cifras similares a las de mayo, junio y diciembre de 2021, así como mayo de este año”, agrega el informe.
Según el coordinador de la Unidad de Monitoreo sobre Conflicto y Violencia de la FIP, Andrés Cajiao, las cifras sobre la cantidad de operaciones realizadas por la fuerza pública obedecen al análisis de información de prensa y de diferentes fuentes, tanto a nivel nacional, como territorial. Además, aclaró que “cuando nos referimos a acciones ofensivas de la fuerza pública es más que todo lo que tiene que ver con combate, por iniciativa de la fuerza pública, contra grupos armados y bombardeos”.
Cajiao explicó que la disminución en los primeros meses del gobierno Petro puede obedecer a un periodo de transición, pero que es probable que las acciones ofensivas de la fuerza pública aumenten. “Se pasa de un gobierno con una visión de una política de seguridad a un nuevo paradigma por la estrategia de la Paz Total, que prioriza los diálogos u otras formas alternativas para acabar con el conflicto. También se está dando la construcción de una nueva estrategia de seguridad que nosotros todavía no tenemos muy clara. Y si uno se pone a verlo mensualmente, aunque agosto tuvo una reducción importante en las acciones de este tipo, en los meses siguientes hay una tendencia al aumento que, incluso, probablemente, se siga dando”, agregó.
Con base en lo anterior, y contrario a lo dicho por el exministro Palacios, Cajiao no cree que haya una postura de replegar a la fuerza pública y más bien considera que hay que tener en cuenta que en muchas zonas donde se ejecutan las acciones ofensivas de la fuerza pública, también se redujo sustancialmente la hostilidad de los grupos armados.
El informe de la FIP da cuenta de esto. Las cifras indican que durante el trimestre agosto-octubre se presentaron 10 acciones de grupos al margen de la ley contra la fuerza pública. El año pasado, en ese mismo lapso, las cuentas sumaron 37 ataques de este tipo; lo que significa una reducción del 73% de acciones hostiles de organizaciones armadas contra la institución. “Esto también puede explicar que, si no hay acciones ofensivas de ellos, pueda haber una reducción en los enfrentamientos”, concluyó Cajiao.
Para examinar más a fondo la situación actual de la fuerza pública, RedCheq consultó a varios expertos. El analista de seguridad y conflicto, César Restrepo, empezó explicando que, para determinar si la operatividad de la fuerza pública ha caído, o no, se deben tener en cuenta otras actividades -además de los combates y las acciones ofensivas- como misiones tácticas, misiones de control del territorio e incautaciones de droga, entre otras.
Teniendo en cuenta eso, Restrepo considera que “primero, no hay una estrategia y unos mensajes claros por parte del Gobierno Nacional sobre seguridad; segundo, la única estrategia que contempla seguridad es la Paz Total, que está basada en que no es través del combate que se construye la paz, sino que es a través del diálogo; y tercero, las capacidades operacionales y los presupuestos están en franca decaída. La suma de estas cosas aumenta la probabilidad de que las fuerzas militares y la policía hayan disminuido las operaciones y tengan una momento de crisis en la moral”.
Asimismo, el investigador en temas de seguridad y defensa, Alberto Sánchez Galeano, cree que, a la fecha, no existe algo que se pueda denominar como estrategia de seguridad, no con un documento, sino con lineamientos claros en materia de actuación de la fuerza pública frente a todos los escenarios de riesgo y de confrontación que enfrentan las fuerzas militares y la Policía.
“Hay muchos anuncios, pero no hay un hilo conductor. Entonces, al mismo tiempo que hay referencias muy genéricas a que no se van a bombardear ciertas personas, actores y territorios; también hay una referencia del ministro de Defensa a que la fuerza pública hace su labor. Sin embargo, lo que uno ve sobre la marcha es que lo uno y lo otro no necesariamente va de la mano. Ni el discurso de paz resume lo que está pasando en la realidad hoy, ni el discurso del ministro de Defensa abarca todo lo que están haciendo las fuerzas militares”, afirmó.
Galeano está de acuerdo con que existe una caída general de los enfrentamientos. Explica que “lo distinto ahora es que cuando hay confrontación entre actores armados y el Estado, lo que sugiere el Gobierno es que allí existen dinámicas de negociación o de preparación para la negociación. Pero como no se conoce una hoja de ruta de sometimiento, ni de negociación; no queda claro dónde funciona la Paz Total y dónde no y eso genera un gran manto de duda sobre la efectividad de las acciones militares”.
Para el investigador es un error, por parte del Gobierno, pensar que la política de paz es la política de seguridad y concluye que no es claro cuáles son las líneas rojas que el gobierno pone frente a lo que está ocurriendo en materia de violencia, especialmente en territorios donde la violencia está focalizada.
Sobre la disminución en las acciones ofensivas por parte de la fuerza pública, el coronel retirado y analista en seguridad, Carlos Alfonso Velásquez, explicó que desde que el presidente Petro nombró la nueva cúpula de mando, cambió la línea de acción para las fuerzas militares, que están llamadas a actuar de acuerdo con los objetivos trazados por la alta política, es decir, por el mandatario.
“El presidente habló de la seguridad humana y llegó a decir que si había masacres en una jurisdicción asignada a un comandante, eso contaría como puntos negativos. Empezó a mostrar que no iba a valorar la acción de las fuerzas militares por la cantidad de bajas producidas, que ese ya no era el indicador de gestión, que ahora sería lo que se evite, todas las acciones violentas que se eviten contra la población civil. El centro es la población civil, la seguridad humana. En ese orden de ideas, las operaciones ofensivas no son las más adecuadas para andar en esa dirección”, indicó.
Velásquez es más optimista. Cree que la estrategia de la seguridad humana puede ser efectiva siempre y cuando las tropas construyan una cercanía con la sociedad civil que les permita realizar inteligencia in situ en las regiones. “La gente al ver que la tropa está preocupada por ellos, le cuenta cuáles son sus amenazas y confían en ellos. Entonces, estos criminales están tranquilos y, en el momento menos pensado, se hace una ofensiva y se captura a la mayor cantidad posible, porque la gente les contó dónde estaban. Este tipo de operaciones disuasivas y defensivas de la población producen confianza en la gente”, concluyó.
