A través de redes de mensajería en Cali, aseguran que Diana Rojas está salpicada en las causas del ‘carcelazo’ de Óscar Escobar. En Redcheq verificamos que no es cierto.
Recientemente circuló por medio de WhatsApp un video en el que se asegura que la precandidata a la alcaldía de Cali Diana Rojas, más conocida como la “Caleñísima”, está salpicada en un escándalo de corrupción por algunos contratos públicos firmados por el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, cuando se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic) de la capital del Valle en 2018.
El video, de 56 segundos de duración, empieza con un fotomontaje del rostro de Rojas y Escobar. Sobre ellos, aparece un titular en rojo que dice “Corruptos”.
Como primera afirmación del audio que lo acompaña, dice que “a la cárcel el alcalde de Palmira y la ‘Caleñísima’ salpicada”... Posteriormente agrega que “se dice que el 80 % de los prestadores de servicio de la Alcaldía de Palmira son cuota de Diana Rojas” y que el alcalde Óscar Escobar “fue cuota de ‘la Caleñísima’ en el gobierno de [Maurice] Armitage”.
El video continúa diciendo: “Es por eso que el jefe del gabinete de Palmira es nada más y nada menos que el esposo de la Caleñísima”. Además, asegura que hay una relación entre Rojas y “el ‘carcelazo’ que se ganó el alcalde de Palmira por corrupción en algunos contratos. Y también con la investigación de la Procuraduría de Cali por corrupción en contratos en la alcaldía de Cali”.
Así que en Redcheq decidimos verificar esta última afirmación del video, que consideramos es chequeable, pues en ella están señalando a Rojas de estar relacionada con el ‘carcelazo’ de Oscar Escobar.
En primer lugar hay que precisar que el tema sobre una supuesta corrupción en contratos de parte de Óscar Escobar hace referencia a la formulación de cargos de la Procuraduría el pasado 15 de abril en su contra, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de prestación de servicios cuando se desempeñó como director del Datic.
Esta investigación se inició en 2018 por presuntas irregularidades en la contratación de tres funcionarios públicos, quienes se desempeñaban como ingenieros especializados en telecomunicaciones en esa entidad de Cali. Se estimó que el valor dichos contratos excedía lo pactado por la circular 4135.020.22.2.1020.000646, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la celebración de contratos en Cali, lo que ocasionaría un detrimento patrimonial por una suma de 3’ 811.555 pesos.
Escobar, en su defensa, ha dicho que esto se debió a “un error administrativo al interior del Departamento TIC al encasillar a tres asesores en la categoría de profesional especializado debido a que la necesidades del servicio que se contratara con dos asesores en materia de arquitectura empresarial (...) Debe señalarse que si bien estos prestadores de servicios no fueron contratados en la categoría de asesor, su perfil sí cumple con esos requisitos, de modo que se puede concluir que existe un error administrativo en el cual la contratación de estos prestadores de es correctamente justificada, no obstante eso no hace que sea injustificable”.
El Comité de Contratación de Cali indicó que los lineamientos para la celebración de contratos de prestación de servicios deben tener estos requisitos mínimos, recalcando la diferencia entre un profesional especializado y un asesor. Estos dos cargos comparten los mismos requisitos mínimos (título profesional y título de posgrado) a excepción de la experiencia profesional, que en el caso de un asesor es mayor (mínimo 60 meses de experiencia profesional).
Sin embargo, el despacho de la Contraloría municipal, al analizar nuevamente la situación dispuesta en en el artículo 118 de la ley 1474 que determina la culpabilidad en proceso de responsabilidad fiscal, indica que en este caso no se puede presumir de culpa grave ya que al revisar los antecedentes de la contratación se observa que se presentaron una serie de imprecisiones en los estudios previos, y “la descripción del perfil y condiciones de experiencia no guardan coherencia con los valores a pagar (...) de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, los tres contratistas cumplen con los requisitos mínimos exigidos para la referencia de Asesor”.
Es decir que debido a la falta de claridad estipulada en los estudios previos el entonces contralor general de Cali, Ricardo Rivera, el 23 de julio de 2018 determinó que este proceso se debía archivar por falta de mérito en el proceso administrativo contra Óscar Escobar en su calidad de Director de DATIC.
Luego en octubre de 2021, la Contraloría Municipal decidió revocar el cierre y archivo del proceso en segunda instancia al determinar que la Tabla de Perfiles que expone el Comité de Contratación es una herramienta de carácter vinculante, por lo tanto debía tenerse en cuenta en la contratación pública.
Y por último, el 8 de febrero de 2022, Oscar Escobar presentó un recurso de reposición con el fin de revocar el fallo que lo sancionaba y la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal determinó que, luego de analizar las pruebas allegadas por Escobar, lo ocurrido fue un error administrativo que “conlleva a establecer una responsabilidad distinta a la fiscal, pues no se vislumbra prueba que establezca con certeza que su actuar se enmarca en la culpa grave”.
Es por eso que el director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Campo Elías Quintero, falló sin responsabilidad fiscal a favor de Oscar Escobar.
Este proceso contra Oscar Escobar y su administración mientras se desempeñaba como Director del Datic solo ha pasado por la Contraloría municipal, que determinó que no hubo ninguna responsabilidad fiscal. Sin embargo, según el Artículo 76 del concepto 353381 de 2021, luego de realizar un control disciplinario interno, “si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias”.
En ese orden de ideas, pasado 15 de abril la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Escobar por el mismo caso, a lo que él respondió con sorpresa, a través de un video en su cuenta de Twitter y dijo que esta misma investigación había sido archivada por falta de pruebas.
Esta investigación ya fue archivada dos veces por la Contraloría de Cali porque no encontró ninguna irregularidad. El presunto detrimento de 3 millones de pesos jamás ha sido probado. pic.twitter.com/8JTDzaKDE7
— Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) April 16, 2023
Por otro lado, la precandidata Diana Rojas quién fue concejal de Cali en 2020 por el partido Liberal no tiene nada que ver con la investigación que se le adelanta al alcalde de Palmira, ya que, aunque ambos fueron funcionarios del gobierno Armitage, Rojas ejerció como secretaria privada del exalcalde y entre sus funciones no estaba contratar personal. Además, dependía de la Secretaría de Gobierno, liderada en ese entonces por Lina Sinisterra.
Rojas sí compartió gabinete con Oscar Escobar, pero la claridad es que, mientras él era director de un departamento administrativo y ordenador de gasto, ella era subalterna de Lina Sinisterra, secretaria de Gobierno.
En segundo lugar, “el carcelazo” que se menciona en el video hace referencia a la multa y los 5 días de cárcel que tendría que pagar el alcalde Escobar por el desacato en un fallo de la tutela que le ordenaba mejorar los problemas de hacinamiento, salubridad y alimentación de las personas detenidas en los comandos de atención inmediata (CAI) de la Policía en Palmira. Es decir, no tiene nada que ver con los procesos ya mencionados por el escándalo de los contratistas.
William Andrey Espinosa, personero de Palmira, le precisó a El País que se llevaron a cabo mesas de trabajo para darle solución a esta problemática pero no llegaron a nada. “En consecuencia de esto, instauramos una acción de tutela que desde el 2021 no se ha cumplido”, explicó.
Dos años después de la acción de tutela interpuesta, Espinosa indica que el hacinamiento de los detenidos es del 200% y además “reciben una alimentación inadecuada, en horas que no son las pertinentes e incluso reciben alimentos que no son aptos para el consumo humano”.
El fallo ordena el arresto del mandatario de cinco días en calidad de alcalde por “no procurar la efectividad del fallo de tutela n.° 015 proferido el 25 de febrero de 2021″. Lo que quiere decir que el alcalde, para poder cumplir el fallo de la tutela, debe reducir los hacinamientos de los CAI y mejorar las condiciones de salubridad y alimentación de los mismos.
Según el Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca, el alcalde de Palmira deberá pagar dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y tiene un plazo máximo de diez días para pagar esta sanción económica.
Posteriormente, la alcaldía de Palmira informó a la opinión pública a través de su página web que se le informó al Juez Primero Civil Municipal de Palmira que se han “desarrollado acciones de seguimiento a los Centros de Detención Transitoria del municipio” y desde el 17 de abril de 2023 la Alcaldía de Palmira y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizaron un convenio en el que “se aseguraría integralmente las necesidades básicas de la población privada de la libertad” por un valor de 500 millones de pesos.
Esta información está siendo evaluada por el Juez, quién determinará si las pruebas son oportunas para cerrar el cumplimiento del fallo judicial.
En cuanto a la alimentación de los presos, la alcaldía de Palmira indica que “a través de las secretarías de Salud, Gobierno y Jurídica, se adelantó una jornada en la que se verificó que los alimentos proporcionados a las personas privadas de la libertad lleguen a tiempo y en buenas condiciones”.
Oscar Escobar no es el único mandatario que ha sido investigado por el mal manejo del hacinamiento en los centros de detención transitoria. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el pasado 27 de abril por presunta omisión en el manejo de hacinamiento de internos en los centros de detención transitoria, ya que en esa ciudad hay 3 centros con 10.379 cupos y en estos momentos la sobreocupación general es del 18,6%.
Según un informe de la Policía Nacional dado a conocer por El Tiempo, en la actualidad, en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) del país están detenidas 18.523 personas. De ellas, el 90,7 % está en las estaciones y el 9,3 % (1.727), en URI. En esos lugares solo hay capacidad para albergar a 7.747, lo que representa un hacinamiento del 139 %.
El video objeto de este chequeo no es el único video de este tipo. Redcheq pudo tener el acceso a un chat de contratistas y empleados de planta de la Alcaldía de Cali en el se observó que en los últimos días han estado circulando este tipo de vídeos que intentan dañar la imagen de otros precandidatos a la alcaldía como Alejandro Éder, Roberto Ortiz e incluso del columnista del diario El País Diego Martínez Lloreda.
El periodista quien ha sido gran crítico de la administración del actual alcalde Jorge Iván Ospina, mencionó a través de su cuenta de Twitter que todo lo que decía el video era cierto.
Todo lo que dice este video es cierto yo consideraba nocivo para Cali elegir a Jorge Ivan Ospina. Y el tiempo me dio la razón. @AlcaldiaDeCali @robertoortizu @alejoeder @DianaRojasCali @cataortizco @WilsonRuizO pic.twitter.com/rUEKoYlNVA
— Martillo (@dimartillo) April 17, 2023
Los videos tienen características similares: utilizan la misma tipografía, el mismo color, la misma música y la mayoría son narrados por la misma voz masculina.
En conclusión, calificamos con falsas las afirmaciones hechas en el video que circula por medio de grupos de WhatsApp, al indicar que la precandidata Diana Rojas está vinculada con el supuesto “carcelazo” del alcalde de Palmira, Óscar Escobar, por corrupción en algunos contratos cuando él era funcionario de la alcaldía de Cali en el 2018, pues es claro que Rojas ejercía como la secretaria privada de Maurice Armitage y no tenía poder en la contratación, mientras que Escobar sí era ordenador del gasto, al ser director de un departamento administrativo.
También porque el ‘carcelazo’ ordenado por Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira a Escobar como alcalde, está relacionado con el incumplimiento de un fallo de la tutela que le ordenaba mejorar los problemas de hacinamiento, salubridad y alimentación en los CAI de Palmira, proceso que todavía está en investigación por parte del Juez Primero Civil Municipal de Palmira.
