En redes sociales se viralizó una afirmación de la senadora en la que dijo que los países más seguros del mundo son los que han legalizado el uso de armas.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió en Twitter a la muerte de un ladrón en Cali luego de que la persona a la que intentó robar le disparara desde una camioneta. “Por eso la legítima defensa es un derecho, es la misma defensa de la vida. Sí al porte legal de armas. Todos los países que permiten el uso de armas legalmente son los más seguros del mundo. La vida de la víctima no vale menos que la del delincuente”, dice la publicación que tiene 7.363 ‘me gusta’ y más de 2.300 retweets.
Desde RedCheq tratamos de comunicarnos con la senadora Cabal vía telefónica y vía WhatsApp para preguntarle por las fuentes en la que basó su afirmación. Sin embargo no hemos recibido respuesta.
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Ahora bien, luego de consultar cifras, estudios y expertos en el tema, calificamos la afirmación de la senadora del Centro Democrático como ‘Mentira’, pues los países más seguros del mundo no son precisamente aquellos que han legalizado el porte de armas para sus habitantes. Además, expertos coinciden en que el porte de armas no es un mecanismo efectivo para reducir la inseguridad.
A más armas no hay mayor seguridad
Redcheq investigó cuáles son los países más seguros del mundo y encontró el Global Peace Index (2022), que combina 24 variables como acceso a armas pequeñas, crímenes violentos, tasas de homicidios, entre otras, que permiten analizar la ausencia de violencia, seguridad y paz (página 13). El estudio enumera los diez países más pacíficos del mundo: Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca, Austria, Portugal, Eslovenia, República Checa, Singapur y Japón.
En contraste, RedCheq encontró que ninguno de los países mencionados tiene porte de armas legal sin restricciones con base en los datos divulgados por GunPolycy.org, un Centro de Investigación Global de la Universidad de Sidney. En Islandia, en el ítem Derecho de Posesión de Armas, se describe que “el derecho de posesión de armas no está garantizado por la ley”, mientras en los demás países del ranking, en el apartado Regulación de Armas de Fuego, se señala que la legislación es restrictiva (Ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
En Islandia, el país más pacífico del mundo según el escalafón del Global Peace Index, ni siquiera la policía suele portar armas. En ese país existe la posibilidad de conseguir bajo estrictos controles un arma, pero los usos de las mismas están relacionados con la caza y no para la defensa; el parlamento incluso está trabajando en imponer mayores restricciones.
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Al tiempo que en Irlanda, los policías también suelen patrullar sin pistolas y la adquisición de licencia para comprar un arma no es un proceso sencillo. The Irish Times reseña que si se requiere una licencia de un arma para la caza, por citar un ejemplo, se requiere demostrar la propiedad de un terreno para cazar y estar registrado en un club de caza. En Nueva Zelanda, según la Ley de delitos de 1961 (Parte 8-Delitos contra la persona, Artículo 202A), el porte de cualquier arma ofensiva o sustancia incapacitante sin justificación es penalizada con encarcelamiento de hasta 3 años.
El caso de Estados Unidos
Estados Unidos tiene leyes sobre armas que se consideran permisivas, según GunPolycy.org. Incluso, una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el Caso de la Asociación de Rifles y Pistola del Estado de Nueva York contra la Superintendencia de Policía del Estado de Nueva York, terminó de afirmar el derecho al porte de armas en público sin restricciones en las calles de Nueva York y anuló que se considerara delito poseer un arma fuera del hogar (Leer veredicto del juez Clarence Thomas, páginas 133-135).
El caso estadounidense es especial porque la II Enmienda de la Constitución otorga el derecho a poseer armas: “Una Milicia bien regulada, que es necesaria para la seguridad de un Estado libre, no debe infringir el derecho de las personas a mantener y portar armas”. No obstante, Estados Unidos aparece en el puesto 129 de los 163 países medidos en el Índice Mundial de Paz, muy por debajo de los demás países desarrollados. De hecho, el Pew Research Center calculó en 2020 que 8 de cada 10 asesinatos en Estados Unidos fueron con armas de fuego.
Por su parte, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) en su Índice Global de Crimen Organizado –un puntaje que mide la criminalidad en los 193 países miembros de la ONU– le otorgó a los Estados Unidos un 5.50 de puntaje de criminalidad que lo ubica en el escalafón 66 de los países con más crimen del mundo, el 15 con máyor crimen de América y el 1 con mayor crimen de Norteamérica. Su alto índice de criminalidad dista del de países como Islandia (3.39 que lo ubica de 166 entre 193) Nueva Zelanda (3.25 que lo ubica de 172 entre 193) e Irlanda (4.90 que lo ubica de 95 entre 193), por citar solo algunos ejemplos de países con restricciones al porte de armas con menor criminalidad que Estados Unidos (Ver páginas 151 a 153 del informe).
Los investigadores David Hemenway y Yeliot Nelson, explican en The Scope of the Problem: Gun Violence in the USA, que “en la última década, las tasas de lesiones por armas de fuego han aumentado en los EE. UU., tanto en términos absolutos como en comparación con otros países de altos ingresos. Los homicidios con armas de fuego, los suicidios con armas de fuego y los tiroteos masivos públicos han ido en aumento. Las tasas de homicidios con armas de fuego siguen siendo las más altas para los hombres jóvenes no blancos en las áreas urbanas, y las tasas de suicidio con armas de fuego siguen siendo las más altas para los hombres blancos mayores en las áreas rurales”.
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En RedCheq también consultamos al investigador Jean Carlo Mejía Azuero, PhD. en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, asesor y consultor en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien aclaró que: “Estados Unidos cuentan con una enmienda constitucional sobre la cual se estructura desde el siglo 18 la creación de la Unión. Después, llegó la declaración del buen pueblo de Virginia de 1776 y la Constitución. En el caso de la enmienda de los Estados Unidos, es absolutamente claro que la organización del rifle y demás organizaciones desde esa época defienden el derecho que tienen los ciudadanos a defenderse frente a una agresión. Y por eso es que en los Estados Unidos de América es más fácil conseguir un fusil de asalto que un antibiótico si uno no tiene la fórmula médica”.
Otro ejemplo es Brasil, que tras la flexibilización de la ley para acceder a armas de fuego, impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, en la actualidad es el país número 22 en el índice global de criminalidad y ocupa el puesto 130 de 163 países medidos en el Global Peace Index. De acuerdo con el Instituto Sou da Paz: “El 76% de las muertes violentas en Brasil se cometen con armas de fuego (...) En los últimos años, una serie de medidas del gobierno federal ha hecho que los arsenales privados sean más del doble en el país”. Además, el Instituto Sou da Paz señala en un artículo de 2021 que “Brasil perdió un promedio de más de 40.000 personas al año por las armas de fuego, un instrumento utilizado en el 78% de los homicidios en el país, durante la década 2010-2019”.
¿La legítima defensa es realmente un derecho?
La senadora también afirmó que: “Por eso la legítima defensa es un derecho, es la misma defensa de la vida. Sí al porte legal de armas”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en 2015, desde el Ministerio de Defensa se señaló que “en Colombia, el porte de armas está suspendido. El monopolio de las armas es del Estado (Constitución, artículo 223), por lo que la posesión o porte de las mismas no es un derecho. Es una excepción. Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte. Al estar suspendidos estos permisos, solo quienes obtengan permiso especial, podrán portar un arma”.
Al respecto, Mejía Azuero aclaró que, de hecho, “en Colombia está legalizado y regulado el tema del porte y la tenencia de armas desde hace mucho tiempo. Entonces, partimos de una premisa que en términos de seguridad y convivencia ciudadana no es precisa. Existe el DECRETO 2535 DE 1993 que regula todo el tema y lo que existen son unas restricciones. Eso es diferente”.
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Redcheq consultó la normatividad reseñada por el investigador y el Artículo 3 de la Ley 2535 de 1993 expresa: “Los particulares de manera excepcional, sólo podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, con permiso expedido con base en la potestad discrecional de la autoridad competente”.
Y el DECRETO 2515 DE 2015 indica que “ARTÍCULO 1. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por la Ley 1119 de 2006, adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el 24 de diciembre de 2015 hasta 31 de enero de 2016, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante estas fechas expidan las mismas por razones de urgencia o seguridad de los titulares”. Además, el decreto en las páginas 5 y 6 también señala quiénes tienen autorización para portar armas.
Esta medida tenía como fin enfrentar las elevadas cifras de homicidios en el país. Aunque hasta la fecha este decreto continúa vigente, de acuerdo con Pares “en Colombia la tasa de homicidios para 2021 fue de 27,7 casos por cada 100.000 habitantes, la mayor en los últimos 3 años y la sexta a nivel Latinoamérica, con un total de 13.709 homicidios registrados en ese año. En lo que va de 2022 se han registrado 7.827 homicidios. Aproximadamente el 76% de los homicidios en Colombia se perpetúan con armas de fuego, lo que devela al porte de armas como un problema que necesita tratamiento en el país como forma de prevención de la violencia homicida”.
Finalmente, Alberto Sánchez Galeano, investigador y experto en seguridad ciudadana, actual Asesor Estratégico de la Dirección Técnica de Seguridad de Transmilenio, explica que “el porte legal de armas (por definición controlado) no sólo no reduce la inseguridad, sino que crea otros problemas, en Bogotá y en cualquier ciudad de Colombia”. Y agrega que “el porte y el entrenamiento necesario para usar un arma de fuego no van necesariamente de la mano, por esto, es alta la probabilidad de un desenlace fatal, tanto para el victimario, como para la víctima potencial de hurto y también para terceros”.
