Los senadores Paloma Valencia y Wilson Arias protagonizaron una discusión en redes sociales refiriéndose al dinero gastado por el Pacto Histórico y el Centro Democrático en las pasadas elecciones legislativas.
En el marco del debate por la reforma política, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó en Twitter: “El senador Wilson Arias está disgustado porque hablan como si hubieran sido elegidos sin recursos y les recuerdo que los senadores del pacto histórico fueron los más caros: gastaron más de 20 mil millones de pesos en la campaña (sic)”. En el tuit, la senadora compartió una imagen de una tabla con los reportes de gastos de las campañas.
Como respuesta al tuit emitido por Valencia, el senador Wilson Arias respondió en Twitter: “Senadora @PalomaValenciaL mentirosa. Ni la campaña del @PactoCol fue la más cara, ni el @cdemocratico se gastó $19.000 millones. El solo CD se gastó $25.000 millones, mientras el Pacto, entre 5 partidos, $15.000 millones. Insisto, hasta para mentir se requiere cierta inteligencia”. Como sustento de sus afirmaciones, el senador compartió una imagen del Informe Integral de Ingresos y Gastos de la Campaña del Pacto Histórico – y del Centro Democrático.
Luego de revisar informes oficiales, fuentes alternativas y expertos en el tema, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como ‘Mentira’, pues se basó en datos desactualizados y las cifras más recientes evidencian que el Pacto Histórico no fue la organización política que más gastó en las pasadas elecciones legislativas.
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En primer lugar, RedCheq consultó a la senadora Valencia sobre el origen de los datos compartidos y, en efecto, nos contestó que: “Esta tabla sale del último informe disponible de la MOE; basado en el reporte de las candidaturas a Cuentas Claras”. Nos remitió el informe asegurándonos que la información se encontraba en la página 19. RedCheq constató que se trata del Informe post-electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE): ¿Cómo fue la financiación de las campañas electorales al Congreso de la República 2022?, publicado el 14 de mayo del 2022.
En su introducción (página 2), el informe de la MOE plantea lo siguiente:
“Cabe resaltar, para dar cierre a la introducción, que el informe se publica con corte al 14 de mayo de 2022, es decir, pasados dos meses y un día después de las elecciones legislativas. Esto es importante porque, de acuerdo con la Ley 1475 de 2011, en su artículo 25, para esa fecha las agrupaciones políticas ya tendrían que haber presentado los reportes de financiación de sus candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, necesariamente a través del aplicativo Cuentas Claras y en medio físico”.
En teoría, si los partidos cumplieran a cabalidad la entrega de los datos conforme a la ley, los datos del informe deberían seguir vigentes al día de hoy. Sin embargo, el mismo informe (páginas 10 y 11), presenta un cuadro que evidencia que algunas organizaciones políticas no tenían el 100 % de sus candidatos reportados, lo que podría explicar las divergencias entre el informe y las cifras que actualmente reposan en el aplicativo. En comunicación con la MOE, RedCheq confirmó que, en efecto, los datos del informe fueron obtenidos del Aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) con fecha de corte el 14 de mayo del 2022.
Ahora bien, según las bases de datos del CNE en su Aplicativo Cuentas Claras, los datos que publicó Paloma Valencia en su cuenta de Twitter están desactualizados.
Las cifras actuales del Aplicativo Cuentas Claras del CNE
ReqChed pudo constatar que los datos compartidos por el senador Arias fueron obtenidos del Aplicativo Cuentas Claras y corresponden a las cifras disponibles más actualizadas. En efecto, el gasto por partido y promedio por curul obtenida de los partidos con mayor representación en el Senado es el siguiente:
- Pacto Histórico (20 curules)= $ 15.446.313.721 ($772 millones por curul)
- Liberal (14 curules)= $ 17.324.619.187 ($1237 millones por curul)
- Conservador (15 curules)= $ 17.671.744.601 ($1178 millones por curul)
- Alianza verde y Centro Esperanza (13 curules)= $25.580.742.871 ($1967.7 millones por curul)
- Centro Democrático (13 curules)= $25.607.730.820 ($1969.8 millones por curul)
- Cambio Radical (11 curules) = $19.885.898.175 ($1807.8 millones por curul)
- Unión por la Gente (10 curules)= $16.213.220.037 ($1621 millones por curul)
Así pues, aunque el dato de gasto de 20 mil millones por parte de Pacto Histórico señalado por la senadora Valencia provienen del informe realizado por la MOE de mayo, las cifras actuales distan de esa cifra: los que más dinero gastaron en las elecciones al Senado fueron el Centro Democrático y Alianza Verde que sobrepasaron los 25 mil millones de pesos para obtener 13 senadores cada uno.
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El que más gastó dinero por senador, efectivamente, es el Centro Democrático con un costo promedio por curul obtenida de casi $1.970 millones de pesos. En contraste, las cifras de Pacto Histórico muestran que con un poco más de 15 mil millones obtuvieron 20 escaños por lo que el costo promedio por curul fue de $772 millones.
RedCheq también consultó a Armando Novoa García, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, participante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y expresidente de la Comisión Especial Legislativa, sobre el hecho de que los datos relacionados de gastos de mayo no correspondan con los actuales. El experto contestó que “es una inconsistencia que el CNE y el Fondo de Financiación de Campañas deben investigar”.
¿Son confiables los datos entregados por los candidatos?
Sobre el reporte de gastos de los candidatos al CNE, el mismo exmagistrado Novoa García respondió que: “No es confiable. Partidos y candidatos sólo reportan lo que consideran conveniente. El CNE hace un control puramente formal de los reportes de ingresos y gastos”.
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Sobre el mismo tema, Marlon Pabón Castro, coordinador de Administración Pública y Transparencia en la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó que “el problema es lo concerniente a los tiempos en los cuales están reportando la información. Desde la MOE siempre hemos dicho que las campañas deben atender una resolución del Consejo Nacional Electoral que les obliga a que reporten máximo dentro de los ocho días a los que se hace cualquier operación durante la campaña. ¿Esto para qué? Para poder generar mayor mecanismo de contraste frente a lo reportado de la financiación de las campañas. No lo hacen en tiempo real y no son todos, valga aclarar. Tiempo real es muchas veces lo que uno encuentra respecto a una campaña, la publicidad y todo gasto que uno mira en las calles, no se compadecen o no son reales frente a la información que están reportando en esos momentos. En algunos casos, hay candidatos que reportan 10 millones de pesos cuando tienen cinco o seis vallas y el valor de la valla supera muchísimo ese valor que están reportando en ese momento. En otros casos, candidatos que no reportan ni un solo peso durante la campaña cuando uno ve que están gastando muchísima plata”.
Pabón Castro añadió: "Lo que esperan es el tiempo que, legalmente, tiene establecida la ley 14 del 75 del 2011 y es que tienen un mes para reportar a los partidos políticos. Y, luego, el partido político tiene otro mes para reportar. Es decir, en total son dos meses después de que finalicen las elecciones. Al no existir mecanismos de contraste durante la campaña, no existe manera para poder determinar si realmente esos recursos que están reportando en esos momentos son reales en relación con la campaña. Es uno de los grandes problemas".
El tema de la transparencia en la financiación
El exmagistrado Novoa cree que “por dos períodos el Estado debe financiar en un 100 % las campañas y si hay aportes privados deben ir a una bolsa común, administrada por las autoridades electorales”.
Entre tanto, Pabón Castro explicó a RedCheq que la financiación privada a las campañas en sí misma no debería considerarse negativa en un sistema en el que rara vez los candidatos y/o partidos obtienen recursos de forma anticipada y deben recurrir a la búsqueda de recursos propios y privados. Sin embargo, plantea que lo que sí debería existir es un mecanismo de trazabilidad que permita dirimir conflictos de intereses en el ejercicio legislativo.
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“Por otro lado, lo que también debe suceder aquí es que las personas que resulten electas, deben declarar es un conflicto de intereses respecto a cuáles son las empresas que los financiaron para que no haya algún tipo de conflicto al momento de discutir un proyecto que pueda beneficiar a las personas que hicieron aportes a sus campañas. Muchas veces esa declaración de conflictos no se hace, las autoridades no hacen un seguimiento para determinar si de pronto hubo realmente un conflicto de intereses. Por ejemplo, están aprobando un proyecto que tiene un impacto en materia de algún mobiliario, y quien tiene que votar fue financiado por el sector inmobiliario. Por eso es importante que las autoridades puedan hacer la trazabilidad y ese seguimiento frente a estos casos para determinar si existieron conflictos de intereses. Y ahí es donde está el problema, la falta de capacidad que tienen las autoridades para poder investigar estas situaciones”, afirmó Marlon Pabón.
En el mismo sentido, Esteban Salazar Giraldo, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirmó que “actualmente, de hecho, por reposición de votos, el Estado prácticamente financia las campañas”. Y complementó: “considero que debería revisarse más bien es el poder investigativo de los recursos privados e incrementar la capacidad sancionatoria sobre las irregularidades actuales… Esto, acompañado de un modelo mixto, donde la financiación sea predominantemente estatal, pero con unos topes más bajos de aportes privados, que permitan un mayor control”.
